- sábado 17 de enero del 2026
Se trata de los acuerdos de cumplimiento de recomendaciones de Pablo Rafael Galván y Elizabeth Canelo Castaño
El pasado viernes 7 de Julio de 2023, el Estado argentino a través de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación representada por su titular, Horacio Pietragalla, firmó dos acuerdos de cumplimiento de recomendaciones por casos de la Provincia de Buenos Aires que tramitaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el acto de la firma estuvieron presente autoridades provinciales, quienes suscribieron los primeros acuerdos de cumplimiento de recomendaciones a los que arriba la provincia de Buenos Aires
El primer acuerdo, se trata del caso de Pablo Rafael Galván, quien fue condenado en el año 1998 por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón a la pena de 18 años de prisión por el delito de homicidio. Según su defensa, el tribunal no sólo había omitido valorar de manera adecuada la prueba de descargo, sino que tampoco analizó que Galván había actuado en legítima defensa. Sin embargo, la cuestión central del caso radicó en que la condena impuesta no fue revisada por el Tribunal de Casación bonaerense producto que, según dicho órgano, el defensor omitió presentar su “reserva de recurrir” en término conforme al artículo 451 del Código Procesal bonaerense. De tal modo, la sentencia de Galván quedó firme. Por tal razón, la Defensoría de Casación bonaerense y el Centro Internacional para la Justicia (CEJIL) interpusieron en el año 2001 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que denunciaron la violación por parte del Estado argentino a la garantía prevista en el artículo 8.2.h de la CADH.
Luego de más de veinte años de trámite en sede internacional y, tras un informe de Fondo de la CIDH en la que declaró la responsabilidad del Estado, los representantes de la víctima y el Estado lograron un acuerdo de solución amistosa que contiene medidas de reparación para el Sr. Galván y su familia, junto con garantías de repetición que involucran la capacitación de funcionarios/as judiciales y, especialmente, la presentación de un anteproyecto de ley destinado a adecuar los alcances del recurso de casación en la Provincia de Buenos Aires a los estándares interamericanos.
b. El caso Castaño
El segundo caso, se trata de la muerte de la señora Elizabeth Canelo Castaño, ocurrido mientras estaba detenida en la Unidad n°8 de los Hornos en el año 2006. El Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por no haber prevenido su muerte en función del déficit de calidad, disponibilidad y accesibilidad de la asistencia en materia de salud mental que le ofreciera el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). También por la imposición de un castigo que, en sus circunstancias particulares, resultó violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. El Estado además aceptó su responsabilidad internacional por no haber garantizado una investigación integral sobre su muerte.
El acuerdo establece diversas medidas de reparación en cabeza del Estado Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Así, entre los compromisos asumidos, se encuentran la actualización del Protocolo de Abordaje de Conductas de Riesgo Suicida del SPB y la realización de capacitaciones periódicas sobre su aplicación; la profundización de los programas destinados a mujeres privadas de su libertad en la Provincias de Buenos Aires y la elaboración de pautas mínimas para la investigación judicial de suicidios ocurridos en contexto de encierro.
El mecanismo de soluciones amistosas de la CIDH permite generar espacios de diálogo entre peticionarios y Estados, donde éstos puedan alcanzar acuerdos que establecen medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas directas de la violación y la sociedad en su conjunto. Estos acuerdos permiten la reparación concreta de víctimas de violaciones de derechos humanos y, en algunos casos, el impulso de medidas y políticas de trascendencia institucional.
