- sábado 08 de febrero del 2025
Se declaró la admisibilidad de los proyectos que promueven el juicio político contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por mal desempeño y/o eventual comisión de delitos. Comienza la etapa de investigación.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación resolvió declarar admisibles los proyectos sobre juicio político hacia los jueces de la Corte Suprema Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Luis Lorenzetti “ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
Dicha Comisión, integrada por mayoría del bloque Frente de Todos (16 diputados/as sobre 31), avanza a la segunda etapa del procedimiento que será el aporte de pruebas y testimonios que acompañen las denuncias. En total son 14 los proyectos presentados a la Comisión: pertenecen al cuerpo de Diputados/as, Senadores/as, personas civiles y organizaciones como la Asociación Argentina de Juristas, entre otras.
El pedido se enmarca en el “mal desempeño” y el “delito en el cumplimiento de sus funciones”, previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. En la resolución se afirma que existen 60 hechos acumulados dentro de los 14 pedidos, que configurarían las causales ya mencionadas.
Entre los motivos que fundan los los 14 proyectos de pedido de juicio político, se encuentra la vinculación de Ricardo Lorenzetti con Mauricio Macri, Germán Garavano y Gerardo Morales, por información publicada en el diario Clarín. En esa nota, se expone la vinculación mediante reuniones entre personas relevantes en la política argentina con el magistrado Lorenzetti, con relación al proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura. En los fundamentos se lee que la obstrucción de la labor legislativa de manera fraudulenta es inapropiada para un funcionario de alto rango.
La resolución hace mención a los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, en cuanto establece la “importancia que tiene para la protección de los derechos humanos una judicatura competente independiente e imparcial, adquiere mayor énfasis por el hecho de que la aplicación de todos los demás derechos depende en último término de la correcta administración de la justicia”.
Además se recalca que “un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”.
