El organismo solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible que garantice la protección de derechos de incidencia colectiva
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires solicitó al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación la presentación de los respectivos informes de evaluación de impacto ambiental, previo a realizar “toda actividad de exploración y explotación de plataformas off shore frente a las costas bonaerenses”.
El organismo a cargo de Guido Martín Lorenzino Mata reclamó que se respete el derecho de acceso a la información mediante la publicación de estos estudios y de toda información necesaria, y que se dé cabal cumplimiento con todos los principios y estándares vigentes en materia de protección de derechos de incidencia colectiva, aprobando, de manera participativa, los respectivos informes de evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, solciitó que las autoridades competentes contemplen formalmente a la Defensoría como un espacio para generar acuerdos que garanticen el respeto de los derechos los habitantes bonaerenses.
La recomendación surge luego de que el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata hiciera lugar a la medida cautelar presentada por la Organización de Ambientalistas Organizado", ordenando la suspensión de la aprobación del proyecto denominado “Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina: Cuenca Argentina Norte" hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
Entre sus fundamentos, la iniciativa señala que “corresponde asegurar la participación de la ciudadanía en todas las decisiones que eventualmente la afecten, estableciendo una relación entre los Estados, el mercado y la sociedad, alejando aquella falsa dicotomía existente entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, por lo que consideramos que no puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y que no puede gestionarse el medio ambiente ignorando los legítimos reclamos de los pueblos a conocer todas aquellas decisiones que pueden afectarlos de manera directa o indirecta, procurándose la protección efectiva del medio ambiente en todas las etapas de las actividades que se autoricen”.