- miércoles 29 de abril del 2026
Así lo estableció un tribunal federal de Salta, ante el pedido de la recientemente creada Defensoría Pública de Víctimas de esa provincia. En lugar de decomisar el dinero secuestrado, se ordenó su distribución en partes iguales a las nueve víctimas del delito.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta, integrado por los jueces Abel Fleming y Domingo José Batule, y la jueza Gabriela Catalano, condenó a dos personas como autoras del delito de trata de personas con fines de explotación sexual y dispuso la suspensión del juicio a prueba respecto a un tercero. En su parte dispositiva, el Tribunal ordenó que el dinero secuestrado en la causa se deberá destinar, en partes iguales, a las 9 mujeres que resultaron víctimas del delito.
El proceso penal en cuestión se inició en el mes de mayo de 2020, cuando una mujer denunció que, a través del grupo “BUSCO TRABAJO SALTA” de la red social Facebook, se había realizado una publicación que decía: “Busco chica de 18 a 25 años para trabajar 8 horas diarias, días y horarios a convenir”. A partir de esa publicación, la denunciante comentó que una amiga suya se contactó con esa persona, quien le refirió que el trabajo era de “scort” para un spa de masajes masculinos.
Con posterioridad a los testimonios recabados de otras personas que realizaron denuncias en el mismo sentido, sumado a las investigaciones realizadas en conjunto por el Ministerio Público Fiscal, la policía provincial y la Gendarmería Nacional, se logró dar con nueve víctimas del delito y con tres responsables.
Por un lado, Nora Agustina Pacheco fue indicada como la responsable principal de las maniobras de captación inicial de víctimas femeninas, quienes luego de ser sometidas a explotación sexual, debían entregarle el 50% de lo cobrado en virtud del servicio sexual.
Por otro lado, a Gonzalo Aaron Pacheco se lo indicó como partícipe secundario del delito, en tanto se acreditó su colaboración con la organización del sistema de explotación sexual, mientras que a Jorge Ernesto Guanca (titular de un vehículo en que solía trasladarse la señora Pacheco) también se lo acusó como partícipe secundario.
Luego de ello, la Fiscalía y la Defensoría Pública lograron llegar a un acuerdo de juicio abreviado respecto a los primeros dos imputados, que fue homologado con posterioridad por el tribunal. Para la primera responsable, el acuerdo fue de 6 años de prisión efectiva pero de cumplimiento domiciliario, dado que la mujer padece de HIV. Debe destacarse que entre las consideraciones expuestas por el tribunal se detalló la “delgada línea divisoria entre víctimas y victimarios”, en consideración a que la imputada se desempeñó anteriormente como trabajadora sexual.
Por su parte, a Gonzalo Aaron Pacheco se le homologó una pena de prisión en suspenso de 3 años como partícipe secundario del delito, mientras que por Jorge Ernesto Guanca se llegó a una Suspensión del Juicio a Prueba por 6 meses, con la obligación de colaborar en un comedor barrial como parte de las reglas impuestas.
Lo particular del caso surge del pedido del Defensor Público de Víctimas, novedosa figura que tuvo en Salta su primer nombramiento a fines de 2020, quien solicitó que “el dinero secuestrado en la causa no vaya a las arcas del Estado sino se utilice para reparar a las víctimas”.
Ante dicho pedido, el tribunal tuvo en consideración que como el dinero fue generado con afectación de la propia dignidad de las víctimas, debe prevalecer la necesidad de reparación de estas por encima de la necesidad de que el Estado lo destine a la prevención y represión de los delitos.
Por eso, los magistrados a cargo rechazaron disponer el decomiso y resolvieron que el dinero secuestrado en la causa se deberá destinar, en partes iguales, a las 9 víctimas que resultaron afectadas por el delito.
Finalmente, los jueces dispusieron que Jorge Ernesto Guanca, quien se encontrará sometido a la Suspensión del Juicio a Prueba, deberá abonar una indemnización de $40.000 que también se dividirá en partes iguales entre las víctimas.
