- sábado 15 de marzo del 2025
Una decisión del juez Lara Correa a pedido de una entidad de consumidores. También se incluyó un planteo contra el DNU que declaró servicio público en competencia a las TICS.
El juez de feria en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa admitió tramitar como proceso colectivo el pedido de la Asociación Unión de Consumidores de Argentina (UCA) a los fines que se amplíe el universo de usuarios alcanzados por el decreto 311/2020, suscripto al inicio de la emergencia sanitaria por covid en el país, que se prohibió los cortes de los servicios esenciales, en este caso, de internet, telefonía y cable para algunos sectores sociales, ante la falta de pago o mora por un plazo de 180 días, luego ampliado hasta fin del 2020 por decreto 756.
La medida original alcanzó a beneficiarios de AUH, monotributistas, jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia con remuneración equivalente de hasta dos salarios mínimo, vital y móvil, electrodependientes, como también, resulta aplicable para PyMES, cooperativas o empresas recuperadas e instituciones de salud y bien público. Ahora, la pretensión de la Asociación Unión de Consumidores de Argentina (UCA) es que se disponga judicialmente su extensión a todos los usuarios de las tecnologías de la información y comunicación "que se hayan visto afectados en forma crítica por la crisis económica producida por la pandemia".
Para ello, la entidad demandante solicitó la declaración de inconstitucionalidad parcial del decreto 311/2020 y de las resoluciones reglamentarias del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Sin embargo, lo que aparece como dato saliente es el pedido de nulidad e inconstitucionalidad del decreto 690/2020 que declaró servicio público en completencia los servicios de tecnologías de información y comunicación (Tics) y que podrían tener alto impacto sobre otros expedientes judiciales en trámite en el fuero contencioso administrativo federal y en otros tribunales federales del país.
La asociación de consumidores señaló que dicha norma fue decidida en forma arbitraria y compromete la sustentabilidad de las empresas de telecomunicaciones y, por ende, la prestación del servicio que resulta esencial para usuarios que estudian y trabajan a través de los mismos, señalaron en su presentación de ampliación de demanda.
Ante este planteo, el juez Lara Correa habilitó la feria y entendió que preliminarmente corresponde su trámite como proceso colectivo y solicitó la consulta pertinente al Registro para verificar si no existe otra causa análoga anotada antes. Desde Palabras del Derecho consultamos públicamente a la base del datos de dicho registro y no surge otra causa lo que implicaría que es la primera que podría anotarse -tanto contra el decreto 311 de prohibición de cortes como también contra el 690 que declaró servicio público en competencia a las TiCs- con una fuerte implicancia para el resto de otras causas que tramitan por parte de las empresas de telecomunicaciones, en especial, contra el último de los decretos.
La causa, según certificó el magistrado, se planteó contra AMX Argentina S.A., Telecom Argentina S.A., Telefónica de Argentina S.A., Poder Ejecutivo Nacional - Estado Nacional, Ente Nacional de Comunicaciones y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y ahora habrá que atender a próximas novedades de su trámite que revisten interés por la materia en debate.
Accedé a la ampliación de demanda
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