A su vez, se procede a la renegociación de la revisión de la tarifa con los entes reguladores en cumplimiento de la Ley N° 27.541.
Mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 1020/2020, Alberto Fernández prolongó el congelamiento de las tarifas de gas y luz, y determinó el inicio de la renegociación de la revisión de las tarifas con las prestadoras de servicios.
Cabe aclarar que a finales del 2019, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En su artículo quinto, facultó al Poder Ejecutivo a mantener el monto de las tarifas por 180 días, plazo que fue prolongado por la situación de emergencia nacional a causa de la pandemia por COVID.
Por otra parte, ese artículo estipulaba a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las leyes 24.065, 24.076 y demás normas concordantes. En ese sentido, mediante este acto el Presidente dio comienzo a dicho proceso de renegociación con el Energas y el Enre.
"Que, bajo tales razones, resulta conveniente centralizar mediante el presente acto el proceso de renegociación respectivo de las revisiones tarifarias a ser efectuadas en el ámbito del ENRE como del ENARGAS, con el fin de establecer criterios y pautas de acción homogéneos en todos los casos, como también para posibilitar que su tratamiento se realice en forma ordenada", expresa uno de los considerandos de la norma.
Entre las determinaciones del proceso de renegociación tarifaria, el Poder Ejecutivo fijó como plazo límite máximo para negociar el tiempo de dos años; dicha negociación culminará con un Acta Acuerdo Definitiva. A su vez, encomienda a los entes reguladores que efectuén un análisis del grado de cumplimiento de los concesionarios, organizar un banco de datos con toda la información, llevar adelante instancias de audiencia pública, etc.
Asimismo, el decreto estipula que, en caso de no llegar a un acuerdo, los entes reguladores dictarán el nuevo régimen tarifario el cual deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo.