Lo hizo en una causa penal en la que se había apartado al defensor de confianza de un imputado y se había designado un defensor oficial contra su voluntad. Destacó que la defensa en juicio no sólo exige contar con patrocinio, sino también poder elegir a quien lo ejerce.
Aún ante el expreso pedido del propio imputado de concurrir presencialmente a la sala de juicio, el Tribunal Supremo español tuvo en cuenta la situación de pandemia por COVID-19 para llevar a cabo la audiencia en un recinto cerrado, indicando que la participación telemática no vulneró su derecho de defensa.
El tribunal señaló que el Estado violó el derecho de defensa, el principio de inocencia y la libertad de expresión de un ex marino que fue condenado luego de denunciar públicamente la comisión de delitos por otros miembros de la Fuerza Naval.
La Corte Suprema declaró nula la decisión de la Corte bonaerense que rechazó un recurso extraordinario sin hacer el traslado previo a la contraparte.
Así lo dispuso al revocar una decisión que declaró extemporáneo el recurso de casación, por contar el plazo de notificación desde la lectura del fallo y no desde la notificación personal al condenado en prisión.
Repasamos aspectos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales que protegen el derecho de defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente.
El juez Alejo Ramos Padilla tuvo en consideración que la Dirección Nacional de Migraciones demoró cinco años en instar la acción judicial de retención de migrante (previa a la expulsión del país), cuando la reglamentación indica que el plazo es de 15 días. Además, señaló deficiencias en la tramitación administrativa del expediente y que se vulneró el derecho de defensa en juicio al no contar en ningún momento con asistencia letrada.
La defensa de una persona condenada a prisión perpetua había presentado una queja por denegación de recurso extraordinario contra una sentencia de la Suprema Corte bonaerense, contra la que solo correspondía la interposición de recurso extraordinario federal. El dictamen fiscal -al que adhirió la Corte- destacó que existió una inadecuada asistencia legal y fundamentos contradictorios en la actuación del tribunal provincial.