- Tuesday 08 de September del 2026
Los lineamientos aprobados por la Procuración General son de aplicación obligatoria para todo el organismo. La normativa establece que la IA sólo podrá utilizarse como herramienta auxiliar, exige supervisión humana y fija un sistema de evaluación de riesgos para su incorporación institucional.
En ese sentido, los lineamientos señalan expresamente que la inteligencia artificial no puede reemplazar el juicio jurídico, la interpretación normativa ni la toma de decisiones sobre conflictos humanos. Su utilización debe concebirse como una herramienta de asistencia y no como un sustituto de las funciones sustantivas asignadas a los operadores del organismo. El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó mediante la Resolución PGN N° 64/2026 los “Lineamientos institucionales para el uso e implementación de herramientas de Inteligencia Artificial en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”, que establecen un marco general para la incorporación y utilización de estas tecnologías dentro del organismo.
La resolución dispuso que los lineamientos sean de aplicación y seguimiento obligatorio para todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal. El anexo precisa que alcanzan a quienes participen directa o indirectamente en cualquier etapa del ciclo de vida de una herramienta de IA, desde su diseño, desarrollo o adquisición hasta su utilización, supervisión, actualización y eventual baja.
El documento fue elaborado por el Programa de Inteligencia Artificial del MPF, creado previamente por la Resolución PGN 14/2025, y parte de una premisa central: estas tecnologías pueden contribuir a mejorar la gestión y el procesamiento de información, automatizar tareas repetitivas, generar reportes o detectar patrones, pero deben ser utilizadas como herramientas complementarias y no sustitutivas del razonamiento humano. En particular, los lineamientos señalan que la IA “no puede reemplazar el juicio jurídico, la interpretación normativa ni la toma de decisiones sobre conflictos humanos”. Su utilización debe concebirse como una herramienta de asistencia y no como un sustituto de las funciones sustantivas asignadas a los operadores del organismo.
La medida establece un marco general para la incorporación y utilización de sistemas de inteligencia artificial dentro del organismo, con el objetivo de orientar su empleo y fijar criterios comunes para su desarrollo, adquisición, implementación y supervisión. Como antecedente, el organismo realizó un relevamiento interno destinado a conocer el grado de utilización de estas herramientas entre sus agentes. Según se indicó en los fundamentos, la encuesta mostró un apoyo mayoritario a la adopción regulada de la inteligencia artificial, acompañado por una demanda de reglas claras, supervisión humana permanente, protección de la privacidad y capacitación específica.
Entre los principios rectores se establecen la legalidad y protección de los derechos fundamentales; la justicia, equidad y no discriminación; la finalidad pública y eficiencia; la gobernanza tecnológica responsable; la transparencia y trazabilidad; la proporcionalidad; la protección de datos personales y la rendición de cuentas.
Uno de los principios centrales es el de “supervisión humana significativa”. Según los lineamientos, en todas las etapas del ciclo de vida de los sistemas de IA deberá garantizarse la posibilidad de intervención, control y supervisión por parte de personas. Los sistemas podrán asistir en tareas de análisis o clasificación, pero no reemplazar el juicio jurídico ni la interpretación normativa. La supervisión deberá quedar a cargo de personal idóneo que pueda verificar las fuentes utilizadas, rechazar o rectificar los resultados, interrumpir el uso de la herramienta y documentar su intervención.
A su vez, los agentes del Ministerio Público Fiscal continuarán siendo responsables por el uso que hagan de estas tecnologías y por las decisiones que adopten a partir de sus resultados, aun cuando las herramientas sean provistas por terceros. La normativa exige, además, que las aplicaciones puedan ser auditadas durante y después de su implementación.
La Resolución PGN 64/2026 estableció también una regla específica para el uso individual de herramientas de inteligencia artificial de acceso público. Hasta que se dicte un régimen específico, queda prohibido ingresar información reservada, actuaciones de causas en trámite, datos personales o sensibles y cualquier metadato que pueda comprometer la confidencialidad de la información o permitir la reidentificación de personas.
La restricción cobra especial relevancia frente al uso extendido de herramientas de inteligencia artificial generativa. El propio documento identifica entre ellas a ChatGPT, Gemini, Grok, Copilot, Perplexity y Claude, y advierte que los sistemas de uso público no funcionan necesariamente como buscadores de internet ni como bases documentales autorizadas.
En particular, los lineamientos advierten que estos modelos pueden generar información plausible pero falsa, incompleta, desactualizada o sesgada y, por ese motivo, disponen que sus resultados deben ser validados contra fuentes oficiales y no pueden ser utilizados como único fundamento de una decisión.
La regulación agrega que el uso de IA generativa como mecanismo de apoyo para la toma de decisiones o la definición de estrategias queda vedado cuando se realice de manera autónoma, sin orientación, interpretación y verificación humana. Su utilización deberá conservar siempre un carácter “auxiliar y complementario”.
También se estableció una restricción específica respecto de la información ingresada a estos sistemas. Hasta que exista una regulación individual para su utilización dentro del organismo, queda prohibido introducir en herramientas de IA de acceso público información reservada, datos de causas en trámite, datos personales o sensibles y cualquier otro elemento que pueda comprometer la confidencialidad de la información o permitir su reidentificación.
La parte resolutiva reproduce esta prohibición y dispone, además, que la Dirección General de Capacitación y Escuela del Ministerio Público Fiscal, en coordinación con el Programa de Inteligencia Artificial, elabore e implemente un Programa Permanente de Capacitación Práctica y Aplicada en IA, orientado al uso de estas tecnologías, la formulación de instrucciones o prompts, la validación de resultados y la mitigación de sesgos.
Finalmente, la resolución ordenó crear un Programa Permanente de Capacitación Práctica y Aplicada en IA, destinado a formar al personal en competencias operativas, formulación de prompts, validación de resultados y mitigación de sesgos. También encomendó avanzar progresivamente en el desarrollo de entornos y herramientas propias y seguras para el análisis de datos y la gestión documental.
Accedé a la resolución: Resolución PGN N° 64/2026
Organismo: Procuración General de la Nación – Ministerio Público Fiscal de la Nación
Resolución: PGN N° 64/2026
Fecha: 4 de septiembre de 2026
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