- viernes 03 de abril del 2026
Las sesiones extraordinarias iniciadas el 2 de febrero abrirán el debate de ambas cámaras dónde se tratarán las iniciativas. Este miércoles sesionan las cámaras de Diputados y Senadores.
El período de sesiones extraordinarias inició el pasado lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. En este marco se debatirán los proyectos de reformas laborales y penal juvenil en ambas cámaras del Congreso Nacional.
Puntualmente mañana miércoles se tratará el proyecto denominado de reforma laboral en el Senado de la Nación. Impulsado por el oficialismo, impone flexibilizaciones en las modalidades de contrato, reducción de litigiosidad y cambios respecto al pago indemnizatorio entre otros puntos.
Respecto a las formas de pago, la reforma laboral busca poder abonar el salario con dinero (moneda nacional o extranjera), así también como con “especie, habitación o alimentos”. El artículo 41 modifica la organización del descanso al establecer que el empleador deberá organizarlas de tal manera que cada trabajador goce de sus vacaciones durante la temporada de verano, al menos 1 vez cada 3 años.
También permite el fraccionamiento del periodo vacacional, a convenir entre las partes, por tramos de a 7 días. El proyecto permite en otro de sus puntos, disponer de un régimen de horas extras, banco de horas y francos compensatorios.
Como recién se mencionó, entre los cambios se incluye la indemnización. Se permite sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral. Para ello intenta crear una entidad a llamarse Fondo de Asistencia Laboral, compuestos por el 3% de las remuneraciones que se toman como base para el cálculo de las Contribuciones Patronales con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de cada trabajador.
En la Cámara de Diputados se debatirá la reforma del régimen penal juvenil, intentando establecer un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes y habilita la reducción de la edad de imputabilidad —actualmente fijada en 16 años— para determinados delitos graves, con umbrales que oscilan entre los 13 y 14 años según las versiones en debate. La iniciativa contempla un sistema diferenciado, con sanciones específicas, medidas socioeducativas y dispositivos institucionales propios, aunque ha generado fuertes cuestionamientos desde sectores académicos y organismos de derechos humanos.
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