- viernes 30 de enero del 2026
A través de su gobernador, también solicitó el dictado de una cautelar que suspenda los efectos del acto adminsitrativo.
El Gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, inició una acción judicial con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución n° 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos que dispuso la suspensión de la habilitación e intervención del Puerto de Ushuaia. También, presentó una cautelar para suspender los efectos de la medida hasta que se dicte la resolución de fondo.
Cabe destacar que el pasado 22 de enero se publicó en el Boletín Oficial la Resolución n° 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. A través de ese acto, se dispuso la suspensión de la habilitación del puerto, otorgada mediante Decreto 2404/2002.
A su vez, se determinó la intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia, por un término de 12 meses, prorrogables. Entre los fundamentos de la medida, se argumentó que el "interés público comprometido en el caso se vincula a la regulación, control y gestión integral de las operaciones, infraestructuras y servicios del Puerto de Ushuaia, a los fines de asegurar su eficiencia, seguridad y sostenibilidad, abarcando desde el tráfico marítimo y la seguridad ambiental hasta la logística y el desarrollo de la infraestructura".
En ese sentido, el gobernador fueguino expresó que la medida implicó un avasallamiento a la autonomía provincial y al federalismo. Por lo tanto, optó por recurrir a la Justicia Federal de Ushuaia.
"La Provincia es la directamente afectada por el accionar irregular e ilegítimo de la Nación, ello en tanto ha sido desplazada de la gestión de un bien de su titularidad, integrante de su dominio público", esgrime la demanda. Agrega que "el accionar ilegítimo por parte de la ANPYN invade competencias constitucionales propias, compromete su responsabildad institucional, adminsitrativa, financiera y fiscal".
Por otra parte, la acción ataca la competencia y facultad del organismo para inmiscuirse en competencias propias provinciales: "La ANPYN ha incurrido en una sustitución administrativa prohibida, arrogándose facultades que la ley no le confiere y vulnerando principios estructurales del federalismo argentino, lo que torna al acto impugnado manifiestamente inconstitucional y justifica su inmediata suspensión y posterior anulación".
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