- Monday 11 de May del 2026
Los títulos se usarán como parte del pago de la sentencia por la estatización de la petrolera en 2012
La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó al Estado Argentino entregar el 51% de las acciones de YPF para pagar una indemnización en un juicio contra el país por la reestatización de la empresa.
La decisión supone la obligación de otorgar las acciones “Clase D” que están en poder del Estado (el 51% del total) para saldar una indemnización dispuesta por la propia magistrada en U$S 16.000 millones (un monto que está siendo discutido y que los abogados de Argentina denuncian como desmesurado).
El litigio tiene sus orígenes en 2012, cuando el Estado Nacional expropió -por ley del Congreso- a los fines de estatizar una parte de la empresa por medio de quedarse con el 51% de las acciones que pertenecían al grupo español Repsol. Una cronología del tema la realizó el portal Chequeado y se puede consultar aquí.
La reestatización y la prohibición del giro de dividendos provocó la quiebra de dos compañías del grupo argentino Petersen, que controlaba el 25% de las acciones. Un fondo de riesgo compró los derechos de litigio de esas compañías e inició una demanda contra la Argentina.
La discusión jurídica central de litigio se basa en si predomina el acto soberano del Estado Nacional (de expropiar, permitida por la Constitución Nacional) o el Estatuto de la empresa que obligaba a efectuar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas no expropiados y que el Estado no efectuó por considerar que estaba amparado por una facultad constitucional. Además, invocó la Argentina su inmunidad soberana y que el asunto debía ser tratado por tribunales nacionales.
Para la jueza Preska, sin embargo, “los gobiernos extranjeros no pueden simplemente anular las excepciones a la FSIA [Ley de Inmunidades Soberanas Extranjera] invocando su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos. Si la cortesía internacional pudiera prevalecer sobre la FSIA y permitir que la ley extranjera controle qué activos soberanos están sujetos a ejecución, cada Estado extranjero podría evitar cumplir fallos en los tribunales estadounidenses”.
La sentencia, además, dejó a YPF fuera del litigio, lo que supone que será el Estado argentino y no la empresa (que aún conserva el 49% de sus acciones en manos privadas) quien deberá pagar la indemnización.
El Estado Nacional adelantó que la decisión será apelada ante la Corte del Segundo Distrito y se pedirá la suspensión de la ejecución (la orden de entregar las acciones de la compañía). Cabe recordar, a su vez, que el Poder Ejecutivo está impedido de cumplir con la orden judicial dado que la Ley 26.741 de Expropiación de YPF prohíbe transferir acciones sin autorización del Congreso Argentino.
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