- martes 28 de octubre del 2025
En cumplimiento de un fallo estructural, dispuso la elaboración e implementación de un esquema progresivo de fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa, con un plazo máximo de cuatro años.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó la Resolución RSC 1142/2025, mediante la cual puso en marcha un plan institucional destinado a crear Defensorías Oficiales y Asesorías Tutelares que actúen ante los Juzgados de Paz del territorio bonaerense. La decisión fue adoptada en el marco de la ejecución de la sentencia definitiva dictada en la causa "Bianco, Norma Beatriz contra Lazarte, Hugo Rubén Actuaciones complementarias art. 250 CPCC’’ en autos ‘’Bianco, Norma Beatriz contra Lazarte, Hugo Rubén Incidente aumento de cuota alimentaria. C. 124.105”, en la que el Tribunal había advertido la gravedad estructural del déficit en la cobertura de defensa pública para personas sin recursos en ese fuero.
En ese pronunciamiento, la Corte había considerado necesario intervenir por vía de superintendencia frente a la carencia de un esquema organizativo estable del Ministerio Público ante la Justicia de Paz, lo que comprometía el derecho de acceso a una defensa técnica adecuada. Por ello, en cumplimiento de lo allí ordenado, el máximo tribunal provincial resolvió encomendar a la Procuración General la elaboración y aprobación, con intervención de áreas técnicas y sectores interesados, de un plan progresivo de implementación de Defensorías y Asesorías Tutelares Oficiales.
El contenido del plan:
Según lo dispuesto por la Suprema Corte, el programa deberá contemplar una implementación escalonada a partir del año 2026, con un plazo máximo de cuatro años para su ejecución total. El objetivo es reducir gradualmente el esquema de defensa y asesoría ad hoc actualmente vigente, hasta que estas designaciones se conviertan en una herramienta excepcional.
El plan deberá detallar, para cada etapa anual, la cantidad y ámbito de actuación de los nuevos órganos, así como la modalidad de funcionamiento (si será diferenciada o conjunta entre Defensorías y Asesorías, si actuarán en uno o más Juzgados de Paz, y si tendrán asignación permanente o transitoria). En los casos en que no se alcance la cobertura proyectada, se dispondrá la intervención de estructuras existentes del Ministerio Público en cabeceras departamentales o la continuidad excepcional de profesionales ad hoc.
Asimismo, se prevé que solo en situaciones debidamente fundadas se podrá recurrir a la designación de defensores y asesores externos una vez que se haya completado la implementación del sistema oficial. También se autoriza la incorporación de colaboradores en los términos del artículo 4 de la Ley 14.442 -abogados de la matrícula- cuando resulte necesario por razones de carga de trabajo.
Coordinación institucional:
La Corte encomendó a la Dirección de Justicia de Paz y a la Secretaría de Planificación del Tribunal la coordinación operativa del proceso, y puso a disposición de la Procuración General toda la colaboración técnica necesaria. Además, estableció que el plan elaborado deberá ser comunicado al Tribunal para su consideración y, en su caso, remitido al Poder Ejecutivo y a las cámaras legislativas, de conformidad con lo previsto en la Constitución provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La resolución lleva las firmas de los jueces Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria, y se enmarca en una política institucional orientada a garantizar el acceso a la justicia y la tutela efectiva de derechos en todos los niveles del servicio judicial bonaerense.
Accedé a la Resolución de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y al fallo "Bianco" que le da origen
¿Te resulto útil lo que acabás de leer?, podés apoyarnos para que continuemos en esta tarea, contribuí con tu suscripción para que nuestro contenido siga siendo abierto y podamos brindarte un servicio cada día mejor Suscribirse.
