- miércoles 29 de octubre del 2025
Se trata de una ley de tiempos de guerra de 1789 que la administración de Trump está utilizando para eludir la ley de inmigración. El Gobierno buscaba deportar a El Salvador a 30 venezolanos acusados de integrar la organización criminal a pesar de no haber sido juzgados.
La Corte Suprema de Estados Unidos prohibió temporalmente a la administración Trump expulsar a un grupo de hombres venezolanos que se encuentran bajo custodia migratoria en la región norte de Texas. La intención de la administración era deportarlos aplicando una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII (Aliens Enemies Act) utilizada para “enemigos extranjeros”.
El conflicto se desató luego de que la administración Trump comenzara a expulsar extranjeros designados como miembros de una organización criminal venezolana en virtud de una orden ejecutiva emitida el 15 de marzo por el presidente estadounidense. Eso habilitó a que el Poder Ejecutivo deportara a 130 personas de nacionalidad venezolana para ser detenidos en una cárcel de El Salvador.
La orden se basó en la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 que permite al presidente detener o deportar a ciudadanos de una nación enemiga sin una audiencia ni ninguna otra revisión judicial si el Congreso declara la guerra o si se produce una "invasión" o "incursión depredadora". Esta ley solo se ha invocado tres veces en la historia de Estados Unidos: durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
La orden de Trump del 15 de marzo determinó que una gran banda venezolana conocida como el Tren de Aragua está “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos”. En consecuencia, ordenó que cualquier venezolano mayor de 14 años puede ser “aprehendido, restringido, asegurado y expulsado como Enemigo Extranjero”.
El pasado 7 de abril, la Corte Suprema estadounidense había validado la facultad de Trump para deportar migrantes bajo la ley, pero indicó que el gobierno primero debía brindarles a los detenidos la oportunidad de impugnar sus deportaciones. Dichas impugnaciones, según los jueces, deben presentarse en los distritos judiciales más cercanos a los centros de detención donde se encuentran los migrantes.
Esto desencadenó una intensa actividad en los tribunales federales de todo el país, ya que los defensores de los derechos de los inmigrantes buscaron localizar e identificar a los migrantes que serían deportados y presentar rápidamente demandas individuales en su nombre ante múltiples tribunales federales.
Donald Trump durante un acto de campaña en Colorado, en octubre de 2024.
La ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), una de las principales organizaciones que viene judicializando las deportaciones, dijo que varios migrantes en un centro de detención de inmigrantes en el norte de Texas habían recibido notificaciones escritas de deportación durante los últimos días, y a un segundo grupo, de número desconocido, se le dijo que se preparara para viajar el viernes.
Las copias de dichas notificaciones, presentadas ante el tribunal, estaban redactadas únicamente en inglés y decían que el destinatario había sido "determinado como un enemigo extranjero" y que sería deportado. Aparte de indicar que el destinatario puede "hacer una llamada telefónica", las notificaciones no informan a quienes las reciben cuándo serán deportados, ni que tienen derecho a impugnar su expulsión ni detallan los medios para hacerlo, según la ACLU.
En una presentación judicial del viernes, la ACLU dijo que “los oficiales anoche les dijeron a los miembros de la clase que serían retirados dentro de las 24 horas… según la información y la creencia, los individuos ya han sido subidos a los autobuses”.
El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito había rechzada este mismo viernes la petición de la ACLU, dictaminando que era “prematura” y estaba fuera de su jurisdicción.
Anteriormente, el juez principal del distrito estadounidense James E. Boasberg de Washington, DC, también había denegado la solicitud de la ACLU de una orden de restricción temporal, aunque describió la notificación como “muy preocupante”. El juez declaró que ya no tenía jurisdicción para intervenir y que el asunto estaba en manos de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito y la Corte Suprema, donde la ACLU también había presentado solicitudes pendientes.
El juez James Wesley Hendrix, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Texas, denegó el jueves una solicitud inicial de una orden de restricción temporal, concluyendo que, según las declaraciones del gobierno, los dos hombres identificados por sus iniciales en ese caso no corrían un "riesgo inminente" de deportación, ya que el gobierno afirmó no tener "planes actuales de deportar a ninguno de los solicitantes" hasta que se resolviera el caso y que informaría al tribunal si esto cambiaba. Hendrix denegó la solicitud de la ACLU de reunirse el viernes, alegando la apelación ante el Quinto Circuito.
En la Corte Suprema, los abogados de la ACLU dijeron a los jueces que numerosos inmigrantes venezolanos que actualmente se encuentran bajo custodia del gobierno en Texas están “en peligro inminente y continuo de ser expulsados de los Estados Unidos sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchados”, en conflicto directo con la orden de la Corte Suprema del 7 de abril.
Instaron a los jueces a intervenir rápidamente, diciendo que muchas personas ya habían sido subidas a autobuses presumiblemente con destino al aeropuerto y se les había informado que podrían ser sacadas de los Estados Unidos tan pronto como el viernes por la tarde o el sábado.
Los abogados solicitaron una orden inmediata de la Corte Suprema que prohíba cualquier deportación y afirmaron que, sin la intervención de este tribunal, decenas o cientos de los miembros propuestos de la demanda colectiva podrían ser deportados a una posible prisión perpetua en El Salvador sin posibilidad real de impugnar su designación o deportación.
En la madrugada de este sábado, la Suprema Corte volvió a intervenir y ordenó al Gobierno no expulsar de los Estados Unidos a ningún miembro de la presunta clase de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal.
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