Será para reemplazar el puesto correspondiente al Instituto Nacional de Racismo y Xenofobia (INADI) disuelto el 5 de agosto.
Utilizando las facultades delegadas de la Ley Bases, el Gobierno Nacional modificó este jueves la Ley 26.165 de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), organismo de la Administración pública, al incluir un integrante del Ministerio de Seguridad entre los cinco miembros titulares y eliminar el puesto correspondiente al Instituto Nacional de Racismo y Xenofobia (INADI).
La iniciativa fue publicada bajo el decreto 819/2024 en la última edición del Boletín Oficial, quedando la CONARE representada por 1 comisionado de:
-Vicejefatura de Gabinete del Interior;
-Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
-Ministerio de Justicia;
-Ministerio de Capital Humano; y
-Ministerio de Seguridad.
El Gobierno argumentó la inclusión del Ministerio de Seguridad dentro del comisionado de la CONARE afirmando que “el riesgo de reconocimiento de la condición de refugiado a personas con graves antecedentes penales así como la permanencia en el país de refugiados que representan un peligro para la seguridad nacional o el orden público ameritan la adopción de medidas estatales urgentes”.
La eliminación del lugar asignado al INADI se basa en el decreto 696/24, donde el Poder Ejecutivo Nacional disolvió dicho Instituto. Desde ahora para el Gobierno, la incorporación del Ministerio de Seguridad facilitará los procesos, y aportará una “mirada especializada” sobre los asuntos de orden público, “los que son tenidos especialmente en miras tanto por la normativa interna como por el derecho internacional de los refugiados”.
Citando a la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742, se delegaron facultades en el Poder Ejecutivo, facultándolo a disponer de los órganos u organismos de la Administración central o descentralizada, creados por ley o norma equivalente, la “modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario y la reorganización, modificación o transformación”.
La Ley 26.165 junto con la Comisión Nacional de Refugiados fue sancionada por la administración de Cristina Fernández de Kirchner en el 2006, y entiende a la persona refugiada como la que se encuentra por fuera de su país de origen a causa de fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones polìticas, y que haya huido para preservar su vida, su seguridad o su libertad, amenazadas por la violencia, la agresión extranjera o la violación masiva de los derechos humanos. Las solicitudes del estatuto de persona refugiada del período 1985 a 2023 suman un total de 34.419.
El decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial lleva las firmas del Presidente Javier Milei, la Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto Diana Mondino, y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.