- sábado 22 de marzo del 2025
Argumentan que el DNU es inconstitucional ya que podría violar los derechos de los jubilados, al afectar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Diputados y diputadas del bloque de Juntos por el Cambio interpusieron una acción de amparo contra los Decretos de Necesidad y Urgencia nº 163/2023 y 164/2023 que dispusieron la obligación de proceder a la venta o subasta de los títulos públicos en dólares de las entidades públicas. La demanda la encabeza la diputada Graciela Ocaña y ya fue girada al fiscal federal para que de vista.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 164/2023, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dispuso a las Jurisdicciones, Entidades y Fondos integrantes del Sector Público Nacional la obligación de canjear sus bonos en dólares, a través de la entrega de los mismos al Tesoro Nacional. Entre los fundamentos del decreto se destaca la finalidad de reducir los excedentes monetarios, a través del reordenamiento de los activos financieros: “Se busca maximizar el resultado de las operaciones financieras en el mercado de capitales, utilizando procedimientos confiables y transparentes, y sin afectar su normal funcionamiento.”
Gabriel Rubinstein, Secretario de Política Económica, explicó la medida: “Esta es la esencia del accionar que habilita a actuar al Estado, mediante el DNU 164: Bonos en dólares en poder de organismos estatales que no son necesarios para los objetivos de esos organismos y que ahora el Estado movilizaría para ayudar a mejorar el orden macroeconómico, en beneficio de toda la sociedad”.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio cuestionaron la iniciativa desde diferentes ángulos. En primer lugar, a través del diputado Mario Negri, se presentó un proyecto de ley “para derogar los dos decretos de necesidad y urgencia que obligan a la ANSES –entre otras entidades- a pesificar sus activos en dólares”.
Ahora, el bloque opositor decidió recurrir a la Justicia para nulificar la medida adoptada por el Presidente de la Nación. En particular, el objeto de la demanda tiene en miras evitar un posible desfinanciamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que forma parte del Sistema Integrado Previsional Argentino.
“Las medidas que implementa el Poder Ejecutivo perjudican gravemente los derechos de los jubilados, al disponer la pesificación del FGS a través de dos decretos manifiestamente inconstitucionales que no observan los extremos que el constituyente trazó para su emisión, al modificarles las reglas aplicables al FGS y quitarles el verdadero manejo, decisión y control a las autoridades competentes del FGS”, sostuvo el escrito de demanda. Asimismo, los diputados y diputadas argumentan la inconstitucionalidad del decreto al considerar que no se encuentran reunidos los requisitos para el dictado del DNU y que violan en forma manifiesta los derechos de los jubilados actuales y futuros, afectando su derecho a los beneficios de la seguridad social.
