- martes 18 de marzo del 2025
La medida se oficializó hoy en el Boletín Oficial. Tendrá validez tanto para los certificados físicos como digitales.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dictó la Resolución N° 322/23, en virtud de la cual el Certificado Único de Discapacidad (CUD) tanto en su versión física como digital, será otorgado sin sujeción a un plazo temporal y mantendrá su validez mientras perduren los criterios que justificaron su otorgamiento.
El Certificado Único de Discapacidad es un documento que acredita la discapacidad en todo el territorio nacional y permite acceder a diversos derechos, servicios y prestaciones (por ejemplo, la cobertura 100% de tratamientos, equipamientos, medicamentos, prestaciones de apoyo, transporte, ciertas asignaciones económicas, exención del pago de peajes, facilidades de estacionamiento, entre otras cuestiones). El trámite para obtenerlo es voluntario, gratuito y no requiere de gestores.
La medida, que hace eco de los aportes y reclamos del colectivo de personas con discapacidad, surge también como resultado del trabajo de una mesa interdisciplinaria que funciona en el marco del "Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad" de la ANDIS y prevé la implementación progresiva y gradual de una nueva dinámica de vinculación entre las personas con discapacidad y los procesos de certificación, que optimice y genere dinamismo en el trámite.
Con relación a su otorgamiento, las normas aplicables determinan que corresponde a la Agencia Nacional de Discapacidad certificar, en cada caso, la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como la orientación prestacional que corresponda (de acuerdo con el art. 3° de la ley 22.431 -que establece el sistema de protección integral de las personas con discapacidad- y el decreto 160/18 -que estructura y organiza la ANDIS-). Para ello, se tiene en cuenta los antecedentes de la persona y su entorno, valorados desde un enfoque interdisciplinario y con una perspectiva de Derechos Humanos enmarcada en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país cuenta con jerarquía constitucional.
De acuerdo a los considerandos de la resolución, el nuevo sistema tiende a instituir un esquema de acompañamiento proactivo desde el Estado a la persona con discapacidad, a través de modalidades simplificadas, ágiles y accesibles, que implican -además- "cambiar la modalidad de renovación por una actualización". Ello busca reducir los requisitos documentales respaldatorios, alivianar la carga administrativa en el trámite y permitir, al mismo tiempo, mantener actualizada tanto la información que dio lugar al otorgamiento del certificado como los datos de su titular.
Además, la medida adoptada instruye a la Dirección Nacional de Políticas y Regulación de Servicios de la ANDIS para que adopte las medidas necesarias para lograr la implementación progresiva de los nuevos lineamientos, que deberán encontrarse efectivizados para el 1 de octubre de este año y establece que "los gobiernos jurisdiccionales, a través de las Juntas Evaluadoras Interdisciplinarias (JEI) deberán actualizar las prácticas vigentes en materia de certificación de la discapacidad..."
