- sábado 22 de marzo del 2025
Reforma judicial y del Consejo de la Magistratura, desdolarización de tarifas, cannabis medicinal y la querella penal contra el Gobierno de Mauricio Macri por la toma de deuda externa entre los temas principales del inicio de sesiones legislativas.
Este lunes, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio inicio al 139° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y dejó distintos puntos de lo que serán propuestas de reformas políticas y normativas.
Según lo establece el inciso 8° del artículo 99 de la Constitución Nacional, el Presidente realiza anualmente la apertura de las sesiones del Congreso y da cuenta del estado de la Nación, las reformas prometidas por la Constitución y recomienda a las Cámaras las medidas que juzga necesarias y convenientes.
En virtud del artículo 75 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Presidente por cadena nacional inició su discurso ante la Asamblea Legislativa cerca de las 12 horas.
En sus primeras palabras, Alberto Fernández repasó las consecuencias de la crisis sanitaria del Coronavirus que azotó a todo el mundo y cómo ello impactó en nuestro país. En ese punto, el Presidente resaltó las medidas de cuidado sanitario para fortalecer el sistema de salud y las políticas de sostenimiento económico como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa ATP.
A partir de ahí, el Presidente recordó las dificultades económicas que tuvo que afrontar en el inicio de su administración por la deuda externa contraída durante el Gobierno de Mauricio Macri y mencionó que iniciará una “querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.
En ese sentido, recalcó que “hemos aprobado la Ley que establece que todo endeudamiento en moneda extranjera, bajo ley externa y con prórroga de las jurisdicciones deberá tener el aval del Poder Legislativo”.
Otro punto importante de su discurso estuvo relacionado con el Poder Judicial y la Corte Suprema. Al respecto, mencionó que es el único poder que “parece vivir en las márgenes del sistema republicano” y que sus miembros no pagan impuesto a las ganancias como el resto de los trabajadores de los sectores público y privado.
Respecto a la Corte Suprema, refirió que es “virtualmente imposible acceder a la declaración jurada de sus bienes” y que “la relación corporativa que los vincula, ha permitido que muchos de ellos permanezcan en sus cargos más allá del tope de edad que la Constitución impone”.
En esa línea, destacó que la demora injustificada en la tramitación de procesos judiciales, la adopción de prisiones preventivas injustificadas, excarcelaciones improcedentes y la falta de medidas judiciales para impedir femicidios dañan la democracia y la confianza en el sistema de justicia.
En consecuencia, el Presidente recordó que existen dos proyectos con media sanción en el Congreso tendiente a reformular el funcionamiento del fuero federal y una nueva ley del Ministerio Público, y que además de ellos, este año enviará un proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.
Asimismo, comentó que a partir del informe elaborado por la Comisión de Juristas, también propondrá modificaciones el funcionamiento del recurso extraordinario federal, con la intención de establecer la exacta competencia del máximo tribunal en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias y la circunscripción de su competencia para intervenir en casos de arbitrariedad de sentencias. Entre esas modificaciones, también propondrá un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial en cuanto a los motivos del rechazo del recurso extraordinario federal.
Del mismo modo, el Presidente manifestó que se encuentra en conversación con Gobernadores/as para promover la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario.
Además, refirió que está en su idea propiciar la sanción de una ley de juicio por jurados a nivel nacional que cumpla con la manda constitucional dispuesta desde el año 1853 y que nunca se hizo operativa a nivel federal.
Pasando a la materia tarifaria, el Presidente indicó que “las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva”, y aseguró que enviará un proyecto que declare en emergencia los servicios públicos con el objetivo de desdolarizarlos.
Por otra parte, Fernández hizo alusión a la ley de economía del conocimiento y a la tecnología 4.0, para decir que enviará 6 proyectos tendientes a:
- Incentivar la generación de vehículos eléctricos;
- La creación del Instituto de la Movilidad;
- La industrialización del cannabis para uso medicinal e industrial;
- La priorización de compras de medicamentos nacionales, con especial preferencias para PyMEs;
- Incentivos impositivos para promover la inversión agroindustrial;
- Regulación de la cadena de producción de la industria hidrocarburífera, desde su extracción hasta su industrialización.
Por último, el mandatario recordó distintos avances normativos realizados en materia de género durante el último año, como la sanción de la Ley de Interrupción Voluntarias del Embarazo, la Ley de los 1000 días, la ratificación del Convenio 190 de la OIT contra la violencia laboral, la creación del Consejo para la Prevención y el Abordaje de femicidios, travesticidios y transfemicidios y el posicionamiento de Argentina como el país con mejores medidas tomadas en materia de género durante la pandemia según las Naciones Unidas.
