- lunes 10 de febrero del 2025
La resolución se funda en el incumplimiento del compromiso que había asumido la provincia en mayo de 2016, y fija un esquema de recomposición a 5 años para equiparar con los sueldos que paga la justicia federal.
En el marco del amparo colectivo promovido por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, el Juzgado de Garantías Nº 1 de Lomas de Zamora -con la firma del conjuez Juan Manuel Álvarez Echagüe- ordenó al Poder Ejecutivo que proceda a realizar la recomposición salarial de los magistrados y funcionarios bonaerenses, incluyendo a tal fin las partidas necesarias en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022.
En la demanda, el Colegio alegó el incumplimiento por parte del ejecutivo del compromiso asumido en mayo de 2016, oportunidad en la que a través de los Ministerios de Justicia y de Trabajo el Gobierno provincial había acordado la conformación de una mesa de trabajo para evaluar las compensaciones de funcionarios y magistrados en términos de "competitividad y equidad", y arbitrar los medios para su recomposición.
Además de tener por acreditado dicho incumplimiento, la justicia destacó que la medida se funda en el fracaso de los reiterados intentos de resolver amistosamente el conflicto.
Álvarez Echagüe justificó su decisión en la "notoria y clara diferencia entre los Jueces Federales y Provinciales", quienes "conviven en un mismo territorio, aunque con diferentes competencias, percibiendo los primeros una remuneración de casi el doble de los segundos, lo cual genera y conlleva distorsiones que indefectiblemente repercuten en el sistema de justicia..."
Además, hizo mención a la falta de impulso del proyecto de ley de autonomía presupuestaria y autarquía económica-financiera para Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y a afectación en el caso de la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones.
En base a tales fundamentos, resolvió ordenar al ejecutivo bonaerense que lleve a cabo la recomposición comprometida, fijando como tope el 80% de las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y como plazo máximo un total de 5 años a contar a partir del ejercicio presupuestario 2022, en base a escalas porcentuales anuales que detalló con ejemplos.
