- miércoles 29 de octubre del 2025
El juez consideró que el abogado que inició la acción no tenía legitimación para realizar el reclamo y que tampoco cumplió con el requisito de reclamo previo previsto en la ley de protección de datos personales.
Un repaso de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la primera condena por lavado de activos en la provincia de Tucumán.
Así lo decretó el Poder Ejecutivo, facultado por la Ley de Competitividad n° 25.413.
La medida tiene como objetivo mitigar los riesgos asociados a las operaciones con estos activos
La idea es poder complementar y brindar mayores recursos y herramientas en el marco de la persecución penal.
La medida había sido adoptada durante la presidencia de Mauricio Macri. Para el juez Martín Cormick ello implicó una ampliación de beneficios a situaciones no previstas, e inclusión de sujetos originalmente excluidos por la ley 27.260.
La normativa trae una elevación de penas para delitos financieros y económicos, amplía funciones de la Unidad de Información Financiera y establece nuevas regulaciones para las empresas que operan criptoactivos en la República Argentina, entre otras novedades.
Lo decidió la Justicia Federal de Mar del Plata, al condenar con multa y decomisar un inmueble que pertenecía a los hijos de Miguel Save, un ex integrante de la SIDE que compró el terreno con dinero robado a un militante asesinado en 1976. Consideraron que el lavado de activos es un “delito permanente” que se mantiene en el tiempo.
Se trata de una condena de multa y decomiso de un inmueble que pertenecía a los hijos de Miguel Save, un ex integrante de un grupo de la SIDE comandado por Aníbal Gordón, que compró el terreno con dinero robado a un militante asesinado en 1976. El decomiso de los terrenos operará como reparación comunitaria por los delitos de lesa humanidad.
Lo hizo el Gobierno Nacional mediante el decreto 773/2024, dividiendo en etapas y agregando modificaciones al Régimen.
Las fechas para incorporarse al Régimen de Regularización de Activos, medida impuesta por la Ley de Medidas Fiscales y Paliativas N ° 27.743, abarcan del 31 de octubre de 2024 al 31 de abril de 2025.
Este viernes el Gobierno extendió los plazos para la adhesión al blanqueo de capitales del país y extranjeros dispuesto por la Ley de Medidas Fiscales y Paliativas.
La normativa aprobada por el Ministerio de Seguridad de la Nación es obligatoria para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, y busca fortaceler los procesos de identificación, resguardo, trazabilidad, cadena de custodia y secuestro de potenciales elementos de prueba.
