La acción fue presentada por la diputada nacional Victoria Donda contra la resolución dictada por el Ministerio de Seguridad que establece una nueva reglamentación para disparar.
El CELS presentó la acción colectiva, a raíz de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, por considerar que profundiza el campo de discrecionalidad de las fuerzas federales.
Entre sus objetivos generales prevé la formulación de un marco regulatorio específico, la capacitación del personal a cargo de las investigaciones y la cooperación internacional.
Expresaron que la norma amenaza derechos políticos al convertir el derecho democrático a la protesta como delito.
La causa quedó radicada en el mismo juzgado donde tramita una causa similar, iniciada por Alberto Fernández, tras los dichos de Bullrich sobre el plan de vacunación contra el COVID.
Lo decidió la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, por considerar que el juez Gustavo Lleral no agotó las medidas probatorias para esclarecer la muerte de Santiago Maldonado y que se apartó de lo ordenado por la cámara al decretar el sobreseimiento.
Será para asegurar el funcionamiento de las actividades y empresas referidas a la explotación de los recursos naturales como la extracción de petróleo en Vaca Muerta o el Litio en Jujuy.
El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó la norma en el Boletín Oficial anunciando la creación para encargarse de “patrullar las redes sociales” y analizar cámaras para hacer reconocimiento fácil de personas.
Será para reemplazar el puesto correspondiente al Instituto Nacional de Racismo y Xenofobia (INADI) disuelto el 5 de agosto.