El máximo tribunal confirmó la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, en cuanto eliminaron las facultades del Estado para fiscalizar y aumentar los aumentos de las cuotas. La Corte consideró que el Poder Ejecutivo no justificó las circunstancias excepcionales que habilitaban el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. La decisión establece que el Poder Ejecutivo deberá reasumir la función de fiscalización y aumento de las cuotas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, mediante los cuales el Poder Ejecutivo había eliminado las facultades estatales de fiscalización y autorización de los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
La decisión fue adoptada en el acuerdo de este jueves 19 de noviembre, en la causa “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical S.A. y otro s/ amparo ley 16.986”, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El caso se originó en una acción de amparo promovida por una afiliada de Swiss Medical, quien cuestionó los incrementos aplicados luego de la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Según expuso, la cuota de su plan pasó de $136.161,21 en diciembre de 2023 a $301.218,02 en febrero de 2024.
En primera instancia, el juez Alberto Recondo rechazó la demanda. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata -con voto de los jueces Di Lorenzo y Álvarez- revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados y ordenó limitar los aumentos de las cuotas al porcentaje correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, dispuso que la autoridad de aplicación reasumiera sus funciones de control y determinara el valor de las cuotas conforme a los criterios establecidos en la sentencia.
Contra ese pronunciamiento, tanto Swiss Medical como el Estado Nacional interpusieron recursos extraordinarios que fueron concedidos.
Al examinar la cuestión, el máximo tribunal recordó que el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional establece condiciones de rigurosa excepcionalidad para el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo.
Con remisión a su jurisprudencia y, especialmente, al reciente precedente “Cencosud” (Fallos: 349:769), reiteró que el dictado de un decreto de necesidad y urgencia requiere que exista una imposibilidad material de reunir al Congreso por circunstancias de fuerza mayor o una situación de urgencia incompatible con los tiempos ordinarios de sanción de una ley.
A partir de esas pautas, el Tribunal concluyó que los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 no satisfacían las exigencias constitucionales, dado que sus considerandos no ofrecían una justificación suficiente de las circunstancias excepcionales que motivaron las modificaciones introducidas en la Ley 26.682 de medicina prepaga.
En particular, señaló que el Poder Ejecutivo se había limitado a invocar una crisis del sistema de salud y la necesidad de incrementar su competitividad mediante la liberación de las restricciones de precios de la medicina prepaga.
Para la Corte, esas afirmaciones genéricas no demostraban la existencia de una situación que exigiera adoptar las medidas de manera inmediata, sin recurrir al procedimiento legislativo ordinario.
Asimismo, destacó que el decreto tampoco explicaba la relación concreta entre la emergencia económica y social invocada y la necesidad de suprimir las facultades de control de la autoridad de aplicación.
En ese sentido, sostuvo que las potestades eliminadas correspondían a organismos del propio Poder Ejecutivo, que ya contaban con cierto margen de discrecionalidad para ejercerlas dentro de las pautas establecidas por el Congreso. Por esa razón, consideró que resultaba exigible una justificación todavía mayor para demostrar por qué era imprescindible modificar el régimen legal mediante un DNU.
El Tribunal recordó, además, que los criterios de mera conveniencia política no constituyen circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia y que la Constitución no habilita al Poder Ejecutivo a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley y la imposición más rápida de sus contenidos mediante un decreto.
Sobre esa base, la Corte confirmó la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, lo que implica que la autoridad de aplicación debe reasumir las funciones de control previstas en la Ley 26.682.
No obstante, revocó los restantes aspectos de la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, entre ellos el remedio judicial que disponía limitar los aumentos de las cuotas al IPC, y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento conforme a los criterios establecidos en su decisión.
De esta manera, el fallo no establece directamente un porcentaje máximo de incremento ni dispone por sí mismo una devolución de los importes cobrados a la afiliada.
Por otra parte, la Corte aclaró que su pronunciamiento se encuentra limitado a los dos artículos cuestionados y no implica un juicio sobre la constitucionalidad de las restantes disposiciones del DNU 70/2023, que podrán ser examinadas en otros casos concretos.
Finalmente, señaló que la circunstancia de que permanezca abierto el procedimiento de control parlamentario establecido en la Ley 26.122 no impide el ejercicio del control judicial sobre las disposiciones del decreto que producen efectos concretos en las relaciones jurídicas.
Accedé a la sentencia de la Corte Suprema
Causa: “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical S.A. y otro s/ amparo ley 16.986”, expediente FLP 1221/2024/CS1
Fecha:19 de noviembre de 2026.
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