- viernes 17 de enero del 2025
El Gobierno disminuyó el plazo de la prestación económica de 6 a 3 meses y sumó el requisito de acreditar una denuncia judicial o policial previa para acceder al cobro.
El Gobierno Nacional redujo este lunes el Programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género (“Acompañar”), ajustando la asistencia económica a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ de 6 a 3 meses y requiriéndo además la acreditación de una denuncia judicial.
La decisión fue tomada por el Presidente, Javier Milei, a través del Decreto N°755/2024 publicada en el Boletín Oficial este lunes y cuenta con las irmas del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El Programa creado en el 2020 por la administración anterior tenía como objetivo promover la autonomía de mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de riesgo por motivos de violencia de género mediante el otorgamiento de una prestación económica equivalente a 1 Salario Mínimo Vital y Móvil por el plazo de 6 meses, aduciendo que resultaba “imperioso y urgente el desarrollo de políticas públicas tendientes a lograr mayor autonomía de las personas en situación de violencia por motivos de género”, para reducir este tipo de violencias y la “feminización de la pobreza”.
De esta manera no sólo se reduce el período de tiempo de la asistencia económica para las personas de riesgo sino que además se le suma un requisito: “Se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género”.
El Gobierno argumentó esta reducción explicando que su prioridad es “adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos con que cuenta el Estado se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía”. Para finalizar detalló: “En concordancia con lo expuesto, y en virtud de necesidades de gestión, resulta procedente realizar modificaciones al mencionado Programa para optimizar su ejecución y control”.
En su origen, el Programa Acompañar reconocía que el reparto desigual del trabajo de cuidado no remunerado cercena posibilidades en que las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ acceda a empleos remunerados fuera o dentro de sus casas, y si lo hubieran obtenido, puedan seguir desarrollándolo en igualdad de condiciones.
El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad era el encargado de coordinar su implementación, ejecución y seguimiento desde el 2020. Con la reducción de Ministerios implementada por la gestión actual, el Programa quedó a cargo del Ministerio de Justicia.
