El Ministerio Público Fiscal presentó recurso de queja para que el planteo sea resuelto por el máximo tribunal de la provincia.
El Fiscal ante el Tribunal de Casación bonaerense, Carlos Altuve, presentó un recurso de queja para llevar directo a la Suprema Corte bonaerense el caso colectivo que ordenó el otorgamiento de arrestos domiciliarios frente a la situación de emergencia sanitaria y, de este modo, buscar que ese tribunal revoque esa decisión judicial.
El conflicto principal se suscitó a partir del pasado 8 de abril cuando el presidente interino del Tribunal de Casación Penal, Víctor Violini, concedió de manera parcial un pedido de habeas corpus colectivo presentado por parte de 19 defensores generales de los departamentos judiciales de la provincia, lo que habilitaba conceder arrestos domiciliarios a las personas detenidas por delitos leves y además se hallaban en situación de riesgo o con patologías preexistentes en el marco de la emergencia sanitaria por el virus COVID-19.
Ante tal decisorio, el Fiscal impugnó la resolución mediante un recurso de inaplicabilidad de ley ante el propio tribunal casatorio bonaerense, en miras de que sea la Suprema Corte de Justicia quien pudiera revisar el caso.
Finalmente, la Sala I de aquel tribunal terminó por declararlo inadmisible, entendiendo que, entre otras cosas, los agravios terminaban por ser meramente teóricos sin acreditación o argumentación en referencia al perjuicio actual y concreto que exige el planteo de cualquier cuestión federal. Consideró asó como innecesaria la apertura de la vía extraordinaria no pudiendo comprobarse la existencia de lesión o perjuicio ya que lo peticionado por el fiscal terminaba siendo coincidente por lo ordenado desde un primer momento por la Sala que dio parcialmente lugar al Hábeas Corpus
Ahora entonces se presentó un recurso de queja directamente ante el Máximo Tribunal provincial pidiendo se declare como errada la no denegación anterior, y se resuelva en base a los fundamentos expuestos. Además, el fiscal pidió el dictado de una medida cautelar para suspender los efectos de la sentencia que hacía lugar a los arrestos domiciliarios, hasta tanto no se resuelva sobre el fondo de la cuestión por la Suprema Corte. También realizó reserva del caso federal.