El documento contiene datos estadísticos sobre violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la provincia de Buenos Aires que involucran cuestiones penitenciarias, de salud mental, de niñez y de seguridad.
En un texto elaborado por el organismo, se propone la inclusión efectiva e inmediata de la población carcelaria y en contexto de encierro al plan de vacunación contra el coronavirus.
El máximo tribunal penal continuó con la postura adoptada en el caso "Tarantos", donde consideró que las torturas aplicadas durante el conflicto bélico no se tratan de crímenes de guerra o de lesa humanidad.
Es para incorporar a dos profesionales a la Dirección de Asuntos Legales.
Se trata de Jineth Bedoya Lima, secuestrada en el año 2000 con la connivencia de las autoridades, mientras realizaba una cobertura periodística de un conflicto entre paramilitares y detenidos ocurrido en un establecimiento carcelario.