Con fundamento en la realidad impuesta por la pandemia y las variaciones económicas, convino necesario postergar la medida dispuesta por la Ley de Solidaridad N° 27.541. A su vez, extendió por el mismo plazo el labor de la Comisión creada al efecto, para adecuar una fórmula jubilatoria basada en la solidaridad y la redistribución.
La Ley 27.721 dejó de requerir "acción deliberada alguna a cargo de la persona beneficiaria o apoderada para acreditar supervivencia".
La jubilación mínima será de $259.598,76, sin incluir el bono de $70.000 que el Gobierno viene otorgando para compensar la pérdida en el poder adquisitivo de las prestaciones.
Una decisión judicial consideró que, bajo ese mecanismo, los jubilados sin bono perdieron alrededor del 50% del poder adquisitivo sus haberes.
Este jueves la Cámara Alta votó afirmativamente varios proyectos y los giró al Poder Ejecutivo para su promulgación; además rechazaron el veto a la ley 27.790 sobre la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales.