Fue frente a la denuncia del consorcio de propietarios de un edificio del barrio porteño de Palermo, luego de una serie de conflictos ocurridos con distintos inquilinos que se alojaban en el inmueble. El juzgado dispuso que el titular deje de alquilar su unidad por Airbnb y otras plataformas, al considerar que la actividad desnaturaliza el destino residencial del inmueble y afecta la tranquilidad y seguridad del consorcio.