La causa iniciada por una ONG, había sido admitida para su tratamiento e inscripta en el registro de procesos colectivos en febrero
El fallo admitió un amparo, invalidó el tributo y ordenó la devolución de los montos retenidos.
Así lo resolvió la justicia Federal de Córdoba, al ponderar especialmente la situación de vulnerabilidad de la actora, derivada de la discriminación que sufre por su condición sexual y por las patologías que sufre.
Lo dispuso la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal al rechazar el recurso interpuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Un comentario a la decisión de un tribunal federal de Neuquén que absolvió a una mujer por su situación de vulnerabilidad y el aprovechamiento que hubo por parte de una organización criminal vinculada al narcotráfico.
El tribunal consideró que 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización resultaba excesivo para el caso de acuerdo a la situación personal de la imputada.
Así lo entendió el Superior Tribunal de esa Provincia quien supeditó la restitución de la vivienda al momento en que el grupo familiar cuente con alguna solución habitacional que sea acorde a las necesidades de su hijo con discapacidad.
Una decisión de la justicia bonaerense en favor de una mujer que es único sostén de cuatro hijos, tres de ellos con discapacidad.
Consideró que la falta de recursos y una historia de vida rodeada de extrema vulnerabilidad redujeron el abanico de posibilidades que tenía para generarse un sustento económico, lo que la llevó a obrar bajo un estado de necesidad disculpante.
La mujer de 81 años había comprado un inmueble y obtuvo como único documento el boleto de compraventa.
Así lo resolvió la Justicia Federal, que dispuso el pago de una indemnización para reparación de las víctimas, a quienes les habían usufructuado el cobro de su pensión por discapacidad.
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia confirmó una sentencia de Cámara que había anulado actos administrativos sancionatorios contra una empleada pública. Para hacerlo,valoró la especial situación de vulnerabilidad en la que se hallaba la actora.
La decidió la jueza Ohman al detectar numerosas detenciones y secuestros realizadas sobre personas en situación de vulnerabilidad social sin contar con previa intervención del Poder Judicial.