Dicho protocolo fue elaborado conjuntamente con la Dirección Nacional Electoral y el Ministerio de Salud.
El Tribunal Electoral acudió a un artículo de la Constitución misionera que prohíbe votar a las fuerzas militares y a las fuerzas de seguridad. La decisión se da en un contexto donde uno de los candidatos a diputado es el suboficial retirado Ramón Amarilla, acusado de sedición por encabezar las protestas policiales de 2024 y que hoy compite desde la cárcel.
Habrá tiempo hasta el 6 de noviembre para poder informar con la documentación correspondiente el motivo de la no emisión del voto en las elecciones legislativas provinciales del pasado domingo 7 de septiembre.
El tribunal revocó la decisión de Juzgado Federal de Santa Cruz y consideró que la inconstitucionalidad de las normas que impiden votar a personas condenadas debe ser resuelta en un “caso concreto, instado por petición del interesado o del Ministerio Público”. Además, remarcó que debe verificarse en cada caso que la posibilidad de votar ser “jurídica y fácticamente viable” y analizarse de acuerdo al tipo y la naturaleza del delito que motiva la inhabilitación.