- lunes 24 de marzo del 2025
Surgió a raíz de una acción de amparo presentada por una mujer ante la imposibilidad de acceder al puesto de chofer, pese a cumplir con los requisitos de idoneidad requeridos.
A cinco años de la primera marcha en la que se le reclamó al Estado medidas para frenar los femicidios, una compilación del marco normativo vigente.
Los magistrados consideraron que la voluntad de la mujer estaba viciada debido a que cuando firmó el convenio era víctima de una situación de violencia psicológica instalada.
La resolución dispuso la ampliación del plazo de las medidas de protección judicialmente decretadas y abarca también las situaciones de restricción a la capacidad o adultos mayores.
El femicidio de Úrsula Bahillo puso en evidencia distintas deficiencias estatales para dar respuesta a esta problemática. En ese contexto, cabe recordar esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que marcó un antes y un después en la responsabilidad de los Estados para prevenir, investigar y juzgar con perspectiva de género.
También se incluyen las medidas cautelares o de protección judicialmente decretadas por restricción a la capacidad o adultos mayores, todas prorrogadas hasta el próximo 5 de abril
Se trata de Olga del Rosario Díaz, víctima de una tentativa de femicidio que había hecho numerosas denuncias contra su ex marido. Ahora aceptó las disculpas y pidió que las víctimas sean escuchadas para que eso no vuelva a sucederle a nadie.
La Corte Suprema entendió que solo con la celebración de la etapa de juicio se cumple con el "acceso efectivos" al proceso que garantice las obligaciones internacionales de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
Se comprobó que el imputado había amenazado de muerte a su progenitora con el objeto de que le diera dinero, manifestó que mataría a sus nietos y que dañaría la vivienda que incluso compartían entre ellos.
La ley 10.753 fue sancionada por la Legislatura provincial el pasado 21 de abril.
Se trata de Julio César Castro, a quien se lo encontró responsable de distintos hechos de violencia cometidos contra empleadas y empleados judiciales, sumado a una condena por abuso sexual contra una ex pareja.
Lo hizo en un caso de femicidio, donde la defensa cuestionó la aplicación del agravante, por considerar que no había "unión convivencial" en los términos del derecho civil.
El dossier engloba fallos que versan sobre la vigencia de la acción penal, la valoración probatoria, el respeto a la diversidad sexual, la suspensión de juicio a prueba y las alternativas a la disponibilidad de la acción.
Frente a un caso de ejercicio de violencia física y psicológica de un hombre hacia su pareja mujer, la Corte descartó la argumentación del Tribunal de Casación, por basarse en prejuicios de género y desatender el derecho de la mujer a ser valorada y liberada de patrones estereotipantes.
La Cámara Nacional de Casación confirmó la condena a 6 años y 6 meses de prisión contra el ex titular de la Fiscalía n° 13 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, por la comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades y lesiones leves contra quien, en ese entonces, era su pareja, en un claro contexto de violencia de género.
Se trata del caso de Vicky Hernández, una mujer trans trabajadora sexual y reconocida activista por los derechos de las personas LGBTI en el colectivo "Unidad Color Rosas", que fue asesinada en Honduras durante el toque de queda dispuesto por el golpe de Estado ocurrido en junio de 2009.
Devolvió los autos al tribunal que había dictado esa sentencia, para que dicte una nueva, ajustada a derecho.
Una decisión tomada sobre una obligada perspectiva de género.
La Cámara Nacional Civil condenó a un hombre que durante años ejerció violencia de género contra su pareja.
Hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal por la errónea valoración de la prueba enmarcado en un contexto de violencia de género
El tribunal consideró que 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización resultaba excesivo para el caso de acuerdo a la situación personal de la imputada.
Un Tribunal condenó a un hombre por el femicidio de su pareja y el abuso sexual de su cuñada, y resaltó el principio de amplitud probatoria y su valoración conforme a la Ley de Protección Integral a las Mujeres.
En esta oportunidad, la UFEM seleccionó pronunciamientos referidos al deber de prevención de los Estados en materia de violencia de género y las obligaciones específicas para los sistemas de justicia.
Un tribunal cordobés consideró que el padre no solo era responsable por los reiterados abusos sexuales hacia su hija, sino que el suicidio fue originado por los daños psíquicos que le produjeron esos hechos.
El tribunal consideró que debía priorizarse la especialidad que rige en materia penal juvenil y la intención de las partes en la recomposición del conflicto.
La fecha conmemora el asesinato de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana. Un breve análisis de la normativa internacional y nacional en materia de género.
Lo hizo al compartir los argumentos del Procurador General, que cuestionó la interpretación que en primera y segunda instancia hicieron acerca de la confiabilidad del testimonio de la víctima, a partir de las diferencias en sus declaraciones acerca de la cantidad de veces en que fue abusada.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, y en conmemoración de la primera marcha "Ni una meno", se presentó un compendio que reúne jurisprudencia sobre delitos que incluyen violencia de género, desde el año 2015 al 2021.
Así lo ratificó la justicia salteña, al rechazar un pedido de declinatoria por parte de un Arzobispo que ejercía violencia de género.
Surgió a raíz de una acción de amparo presentada por una mujer ante la imposibilidad de acceder al puesto de chofer, pese a cumplir con los requisitos de idoneidad requeridos.
La Corte bonaerense confirmó una condena a prisión perpetua por femicidio no íntimo.
Así lo dispuso la Sala C del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa. Los magistrados destacaron que en los casos de violencia contra las mujeres resulta improcedente la pretendida separación de las esferas pública y privada que había planteado el demandante.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días.
Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
El juez federal Javier Pico Terrero ordenó que se eliminen las vinculaciones que aparezcan como resultado del nombre de la actriz en el buscador respecto de sitios de contenido pornográfico que exhiban fragmentos de su labor como actriz en la obra teatral "Sexs".
La modificación legal establece la ampliación de cobertura para la totalidad de los planes de cobertura tanto de obras sociales como prepagas.
Se trata de la Ley N°27.696 que prevé la cobertura de todas las terapias médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas, y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente.
La empleada había sufrido constantes malos tratos por parte de su jefe y tras la sentencia adversa en primera instancia la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo emitió un fallo aplicando perspectiva de género.
La imputada le había manifestado a la policía que su empleador había intentado abusarla, pero la defensa pidió excluir ese testimonio como prueba para que no se autoincrimine. La Corte entendió que omitir valorar ese testimonio fue arbitrario y que además se prescindió de considerar la situación de violencia de género y de discapacidad de la imputada.
Una decisión de la Justicia de Santa Fe dispuso otorgarla en favor de una víctima de violencia de género tras el cese de la unión convivencial con su agresor.
Surgió a raíz de una acción de amparo presentada por una mujer ante la imposibilidad de acceder al puesto de chofer, pese a cumplir con los requisitos de idoneidad requeridos
Los datos surgen del documento elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. La Justicia argentina registró en promedio un femicidio cada 35 horas. Conocé más datos del informe.
Se trata de una iniciativa que persigue la modificación de la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres con el objeto de proteger su desenvolvimiento y permanencia en el espacio digital.
Una reseña sobre la reciente media sanción del proyecto por la cámara baja nacional.
Lo hizo el Ejecutivo Nacional mediante el decreto 409/2023 con el objetivo de "incorporar al Programa Médico Obligatorio un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género a través de la cobertura total".
La Corte Suprema entendió que solo con la celebración de la etapa de juicio se cumple con el "acceso efectivo" al proceso que garantice las obligaciones internacionales de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.
El Gobierno Nacional le transfirió funciones desde el Ministerio de Capital Humano. Asumirá la competencia en torno a la gestión en materia de prevención y erradicación de violencia de género.
La cifra es superior al 2022, cuando se contabilizaron 226 casos. Los datos surgen del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA). Accedé al informe.
La norma reconoce el derecho a cobrar una suma mensual, y a contar con cobertura de salud, para las personas menores de 21 años cuya cuya madre, padre o progenitor afín murió a causa de violencia de género o de violencia dentro de la familia.
Así lo resolvió el Juzgado de Paz de General Lamadrid, en el marco de una causa por violencia contra una joven. La resolución judicial hace referencia a la “Ley Olimpia”.
La pretensión exige que el Poder Ejecutivo de "certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres".
Lo decidió el juez Julián Ercolini en una causa iniciada por una denuncia de su ex pareja, Fabiola Yañez. El magistrado impuso la prohibición de acercamiento y cese de intimidación de Fernández hacia Yañez, y la prohibición de salida del país del ex mandatario.
El Gobierno disminuyó el plazo de la prestación económica de 6 a 3 meses y sumó el requisito de acreditar una denuncia judicial o policial previa para acceder al cobro.
Así lo dispuso el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, luego de hacer lugar a la demanda por daños y perjuicios iniciada por una mujer que trabajaba en el Ejército Argentino contra su superior jerárquico en el trabajo.
La justicia de Corrientes hizo lugar al pedido indemnizatorio como consecuencia de la violencia de género sufrida por la actora en una relación de noviazgo mantenida con el demandado.
Una decisión cautelar en el marco de una demanda colectiva realizada por asociaciones de mujeres y diversidades que busca evitar el desmantelamiento de las áreas estatales en la materia.
El tribunal penal entendió que la aplicación automática y mecanizada del precedente “Góngora” de la Corte Suprema sin atender a las particularidades del caso ni a la opinión de la víctima no es una solución compatible con la Convención de Belém do Pará.
