A través de un decreto, se reinstaura el pago del impuesto sobre créditos y depósitos bancarios, que volverá a aplicarse desde agosto.
El dictamen firmado por el Procurador Casal sostiene que hasta tanto no se transfieran las competencias judiciales a la Ciudad, la Corte Suprema es la única legitimada para revisar sentencias de tribunales nacionales con asiento en la Ciudad.