Fue a través del Decreto 56/2020 publicado el día de hoy en el Boletín Oficial
Será en el ámbito del Sector Público Nacional y en un porcentaje no inferior al 1%.
La medida rige para quienes deban realizar escolaridad virtual y se encuentren inscriptos en establecimientos educativos del AMBA.
Será hasta el 21 de mayo, para los trabajadores del sector público con niños de hasta 14 años que deban realizar escolaridad virtual en las zonas de alarma epidemiológica.
Se trata de una capacitación destinada a trabajadores y trabajadoras de la administración pública que busca desarrollar un abordaje integral y transversal de los problemas y demandas que deben resolverse en la gestión estatal.
La medida apunta a promover ámbitos y relaciones laborales libres de violencias y discriminaciones por motivos de género.
Así lo estableció la Agencia de Acceso a la Información Pública a través de la Resolución 161/2023 publicada este lunes. Analizar, evaluar, y realizar informes sobre el estado de la IA entre sus funciones.
La decisión subrayó que se trata de planes existentes, que protege a sectores vulnerables y que no implica la determinación de una política por parte del Poder Judicial.
El Ministerio de Capital Humano tendrá 48 horas para cumplir con una orden cautelar decretada días atrás.
Así lo decidió el juez porteño Roberto Gallardo en el marco de acciones promovidas por AEJBA, SITRAJU, UEJN y ATE. Conocé los detalles de la medida.
La decisión subrayó que se trata de planes existentes, que protege a sectores vulnerables y que no implica la determinación de una política por parte del Poder Judicial.
Este jueves el Gobierno dictó la norma para ampliar el plazo hasta el año siguiente para continuar con el proceso encarado por el Ministerio de Economía dentro del sector, y así poder tener “resultados satisfactorios”. También se extendieron las intervenciones al ENRE y al ENARGAS.
La Decisión Administrativa 1/2025 publicada este martes en el Boletín Oficial prorroga hasta el 31 de diciembre del 2025 los condicionamientos en los acuerdos salariales del personal estatal, donde el personal de cada organismo negociará en los Convenios Colectivos “dentro de su presupuesto disponible”.
Así lo decidió el juez federal de Pehuajó a través de una medida cautelar. Junto con ello, también ordenó un informe sobre el saldo existente en las cuentas bancarias, inversiones, colocaciones financieras correspondientes al FISU y que identifique la totalidad de los bienes fideicomitidos.
La decisión admitió una medida cautelar fundada en la vulnerabilidad de la comunidad LGTB.
Se publicó un decreto que establece los lineamientos y responsabilidades de cada jurisdicción y el Estado Nacional disminuye su actuar.
Una beneficia litigió contra la suspensión de su programa que basó en supuestas incompatibilidades que, según se comprobó en el proceso judicial, no existieron.