Tanto la Suprema Corte como los Juzgados penales han restringido las salidas transitorias y han exigido mayores controles en cárceles.
Se trata de la ley sancionada en 2017, que prohibió el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida a personas condenadas por determinados delitos.