- miércoles 29 de octubre del 2025
El documento contiene datos estadísticos sobre violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en la provincia de Buenos Aires que involucran cuestiones penitenciarias, de salud mental, de niñez y de seguridad.
La norma emanada por el Procurador General les concedía a los Fiscales Generales la potestad para intervenir en materias no legisladas en la ley 14.442
Será a partir del lunes 13 de julio para todos los órganos judiciales y dependencias administrativas de dichos partidos.
Es para garantizar el “pleno ejercicio de sus derechos” así como también fomentar y facilitar el acceso a la salud. La norma estipula realizar investigaciones sobre la enfermedad; también se publicó en el Boletín Oficial la Ley de Investigación en Seres Humanos.
Remitió las actuaciones a la justicia provincial.
Entendió que no corresponde la competencia originaria de la Corte Suprema para tratar en los amparos interpuestos, y consideró que deben tramitar en la justicia provincial.
En la causa se invalidó un decreto que prorrogó el estado de emergencia por no cumplir con la justificación de los requisitos de necesidad y urgencia, pero señalo que los DNU si bien no se encuentran expresamente consagrados ello no implica su prohibición total.
Reflexiones de Miguel H. E. Oroz, invitado especial de Palabras del Derecho, sobre el reciente caso de la Suprema Corte de Justicia provincial y su análisis respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia en el ámbito local.
Breves reflexiones a cargo de Claudia Mc Cormack, invitada especial de Palabras del Derecho, a raíz del reciente fallo "Fe" de la Suprema Corte bonaerense
La decisión tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de la ciudad, dispuso una serie de medidas para mejorar las condiciones de detención en la unidad de mujeres, con particulares previsiones para la población trans allí detenida.
El máximo tribunal falló en el mismo sentido que propuso el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
Se trata de la norma sancionada a fines de 2020 por la legislatura bonaerense, que busca garantizar asesoramiento, asistencia jurídica y protección a las víctimas en procesos penales.
El máximo tribunal hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa Loma Negra, para que la provincia de Misiones se abstenga de obstaculizar el ingreso de mercaderías provenientes de otras provincias por el hecho de no haber pagado el anticipo del impuesto a los ingresos brutos.
Lo hizo siguiendo un reciente precedente de la Corte Nacional.
En conjunto con la Comisión Provincial de la Memoria, interpusieron una acción tendiente a que se declare que los crímenes de lesa humanidad no son susceptibles de la concesión de amnistías, indultos o conmutación de penas.
Se trata del proceso iniciado por los crímenes perpetrados en los centros clandestinos “Pozo de Quilmes” y “Pozo de Banfield”, donde funcionaban los edificios de las Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense durante la última dictadura militar.
Lo había iniciado la Comisión Provincial por la Memoria, el juez Recondo consideró que no se acreditó un "peligro cierto para la institucionalidad".
Se trata de un órgano constitucional dedicado a la representación en juicio y la defensa de los intereses del Estado Provincial
Por unanimidad, el Máximo Tribunal resolvió que una ley provincial, que impone una sanción por su incumplimiento, no resulta una interferencia indebida en la autonomía individual consagrada en el artículo 19 de la Constitución Nacional.
Así lo decidió en el marco de una causa en la que se solicitaba que se declare la invalidez de diversas cláusulas de la Constitución de la provincia de Tucumán, incorporadas en la reforma del año 2006. Intervino como conjuez Pablo Bertuzzi. Accedé a la sentencia.
Lo publicó la Secretaría de Comercio en la última edición del Boletín Oficial, sosteniendo que las facturas no podrán contener “sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”.
Un repaso por las normas que se dictaron desde el 2014 y el mapa federal que configuraron.
La Legislatura declaró la necesidad de reforma y habilitó a la Convención a modificar más de 40 artículos y un cúmulo importante de temas.
Se trata de una decisión judicial el marco de un amparo colectivo para todos los usuarios de la esa provincia y que cuestiona el aumento de las tarifas en el servicio.
Un debate entre lo que ocurrió en Buenos Aires y lo que puede ocurrir en Santa Fe.
Tal como lo estipula la Resolución 231/2025 del Ministerio de Transporte, la medida incluye servicios públicos regulares urbanos e interurbanos de media y larga distancia, así como el fluvial del Delta del Paraná.
