- miércoles 29 de octubre del 2025
Los magistrados consideraron que la voluntad de la mujer estaba viciada debido a que cuando firmó el convenio era víctima de una situación de violencia psicológica instalada.
Lo hizo en un caso de femicidio, donde la defensa cuestionó la aplicación del agravante, por considerar que no había "unión convivencial" en los términos del derecho civil.
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La decisión de la Justicia Nacional dejó sin efecto la medida cautelar solo respecto del varón y entendió que no se tuvo en cuenta el desequilibrio de poder existente entre la denunciante y el denunciado.
La Cámara Contencioso Administrativo tucumana declaró la responsabilidad del Estado provincial y del exmagistrado Juan Francisco Pisa por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir el femicidio de Paola Tacacho, pese a las denuncias previas de la víctima. La sentencia estableció una indemnización a favor de sus familiares.
