Se trata de una medida solicitada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa provincia en la que cuestionó la reglamentación de la AFIP.
Consideró que el Tribunal Superior de Jujuy examinó "ampliamente y sin arbitrariedad" los planteos de la defensa de la dirigente social, centrados en cuestionar la falta de publicidad del juicio, la valoración arbitraria de la prueba, y la indeterminación de la imputación del delito, entre otros aspectos.
Recordaron que los cortes de ruta "son modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protestas" y que el uso de la fuerza debe ser utilizado de acuerdo a los estándares interamericanos.
Así lo dispuso el Gobierno Nacional para recopilar denuncias de "abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial". Además le presentará un informe al Congreso y a la Corte Suprema.
La demanda se había presentado durante la gestión de Alberto Fernández, el ministro Cúneo Libarona instruyó a abandonarla porque no coincide con los nuevos lineamientos de la política oficial sobre cortes de calles.