El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°10, a cargo de Esteban Furnari, consideró que no era procedente la acción debido a que el Estado había contestado el pedido de acceso a la información pública realizado por la actora.
Así lo señaló el Fiscal General ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta.
El Juez Enrique Lavié Pico consideró que el organismo no cumplió con los cánones básicos de la Ley 27.275.
Es en el marco de un pedido de información por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN), que requería se informen las denuncias realizadas y recibidas así como los trámites que dio a las mismas entre los años 2016 y 2018.
Así lo estableció la justicia porteña ante un pedido de un abogado respecto a acciones tomadas por el Gobierno de la Ciudad en el marco de la pandemia.
Se cuestionaban las transferencias de datos personales recolectados en la época de pandemia por la supuesta falta de consentimiento de los usuarios.
También suspendió cualquier aumento de las tarifas de esos servicios hasta el 31 de diciembre. Se designó al ENACOM como órgano de aplicación.
El Poder Legislativo aprobó un acuerdo internacional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en materia ambiental, que busca proteger el derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y con un desarrollo sostenible
Así lo dictaminó la Procuración General en el marco de una causa donde ANSES cedió datos de ciudadanos para que el Poder Ejecutivo lleve adelante acciones de comunicación.
La procuradora Monti sostuvo que se debe evaluar si son válidas las defensas fundadas en la Ley de Inteligencia Nacional.
Por la existencia de una vía judicial más idónea que es la contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Así lo dispuso la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y estarán disponibles en su sitio web. La medida busca ampliar el acceso a la información judicial. Conocé los detalles de su implementación.
Se publicó la creación de la Unidad Estratégica y el Consejo Consultivo del "Plan Integral de Ciberseguridads".
El juez Walter Lara Correa consideró que es la ANSES y no el Ministerio de Desarrollo Social la encargada de informar los datos personales de los beneficiarios. Sin embargo, aclaró que ello no implica que esa información pueda estar exceptuada de su divulgación por contener datos personales o sensibles.
Además, se ordenó cautelarmente a la entidad bancaria que se abstenga de debitar de la cuenta del actor las cuotas de un préstamo que también habría sido consecuencia de una estafa telefónica.
La ONG CEPIS busca que se obligue a la empresa distribuidora de energía eléctrica a proporcionar información sobre el suministro eléctrico en el Gran La Plata.
Se trata de la confirmación de un fallo que ordenó a YPF brindar información de carácter ambiental
La Justicia Federal consideró que se trata de un sujeto obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública en su carácter de prestador de un servicio público.
Un repaso por las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados de los últimos días.
La Agencia de Acceso a la Información Pública consideró que el grupo no tomó las medidas técnicas y organizativas que garantizaran el principio de seguridad de la información, luego de haber sufrido un ataque contra su sistema informático.
Se trata de Juan Carlos Otero, quien venía cumpliendo funciones en el organismo
Un repaso por las noticias institucionales más relevantes y por algunas de las sentencias más trascendentales que dictó el máximo tribunal en el año que pasó.
La funcionaria se desempeñaba como subsecretaria de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de Ministros
Se trata de un hábeas data colectivo que recayó en Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 12.
La medida se adoptó en el marco de un hábeas data colectivo presentado por la Fundación Vía Libre (FVL) y el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA)
Una decisión judicial ordenó rectificar publicaciones oficiales que identificaban y denominaban "patota" a un grupo de trabajadores sindicalizados que realizaron una acción gremial.
Una decisión judicial ordenó suministrar los datos sobre el cobro que perciben quienes fueron presidentes y vicepresidentes.
En el marco del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas, que se oficializó con la Resolución 119/2022.
Así lo dispuso el juez federal Pablo Cayssials al hacer lugar parcialmente a una acción de amparo. El caso surgió ante la falta de respuesta del organismo a un pedido de acceso a la información pública formulado en el marco de la Ley 27.275.
El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Estado contra la decisión de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Ratificaron la decisión que ordenó suministrar los datos sobre el cobro que perciben quienes fueron presidentes y vicepresidentes.
Entendió que la información puesta a disposición por la autoridad de aplicación no resulta suficiente para avalar los estándares constitucionales vigentes. La Ministra de Salud adelantó que apelarán la medida.
Se cumplen 38 años del importante fallo de la Corte Suprema, que condenó a la Editorial a reparar los daños ocasionados a la familia de Ricardo Balbín por la publicación de fotos en su lecho de muerte.
Así lo dispuso el juez federal Enrique Alonso Regueira en el marco de una acción promovida por la Fundación Poder Ciudadano. El magistrado consideró que los datos requeridos estaban comprendidos dentro de las excepciones que prevé la Ley de Acceso a la Información Pública.
Se trata del primer sitio institucional del Estado Nacional que fue relanzado.
Tiene el objetivo de velar por el efectivo cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la ley 27.275 y promover medidas de transparencia activa. El plazo de inscripción es del 12 al 16 de junio. Conocé los requisitos.
La presentación de basa en la Ley de Acceso a la Información Pública ante la imposibilidad de visualizar el contenido del documento.
Fue ante la negativa de entregar datos sobre abortos legales frente a un pedido de un grupo de asociaciones.
Así lo estableció la Agencia de Acceso a la Información Pública a través de la Resolución 161/2023 publicada este lunes. Analizar, evaluar, y realizar informes sobre el estado de la IA entre sus funciones.
Así lo decidió la Cámara de Apelaciones de La Plata en un caso en el que se reafirma la necesidad de cumplir con el deber de información al consumidor financiero, bajo pena de nulidad
Fernando Horowitz fue designado mediante la Decisión Administrativa 128/2024 en la dependencia del Ministerio de Justicia.
El DNU 302/2024 publicado este miércoles permite a los licenciatarios “fijar los precios de sus servicios libremente”, sin tener “intromisiones distorsivas por parte del Estado”; además deroga la norma que los consideraba servicios esenciales.
Se trata de un conjunto de modificaciones al organismo creado en 2014 por la Ley Nº 26.951 que asegura la protección de personas titulares de servicio de telefonía de los abusos de contacto, publicidad y ofertas no solicitadas.
Así lo resolvió el Juez Federal Martín Cormick e intimó al Ministerio de Seguridad a cumplir con el pedido de acceso requerido por el CELS
Los jueces, en el mismo sentido que una decisión administrativa que así lo estableció, contemplaron que la referida información en la actualidad no cumple una función necesaria.
Un pedido buscaba saber la cantidad, raza, nombre, edad y sobre su estadía en la residencia presidencial. Barra consideró que se tratan de aspectos privados no alcanzados por la Ley de Acceso a la Información Pública.
Una modificación a la reglamentación de la ley con el objeto excluir información de la obligación de suministro.
Mónica Edith Frade, Maximiliano Ferraro y María Victoria Borrego, diputados nacionales por la Coalición Cívica, presentaron la acción que recayó ante el juez federal Santiago Carrillo. Solicitaron una medida cautelar para que se suspenda su vigencia.
Su objetivo será sistematizar y difundir información sobre la estructura, organización y funcionamiento de la justicia en nuestro país.
La sentencia consideró que los accionantes no estaban legitimados dado que, para litigar, primero hay que obtener una respuesta negativa estatal al pedido de datos.
Análisis de una norma que afecta un derecho esencial para el funcionamiento del sistema democrático.
Una decisión de la Justicia Contencioso Administrativo Federal en el marco de una causa iniciada por la asociación "Poder Ciudadano"
Lo decidió la Justicia Federal en el marco de un habeas data donde afirmó que no bastaba con informar de manera genérica el cumplimiento de dichas medidas, sino que debe expresarse cuáles específicamente ha adoptado.
Así lo decidió la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. Conocé la resolución judicial.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó una decisión que había considerado que un grupo de legisladores no estaban legitimados para demandar.
Confirmaron la decisión judicial que admitió el amparo de la diputada Natalia Zaracho.
Tras el cierre del Centro de Información Judicial (CIJ), la nueva herramienta se aloja en sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La medida alcanza a una nómina de empleados y sus eventuales vínculos familiares, así como al detalle de eventuales proyectos para modificar su estructura y funcionamiento.
El Máximo Tribunal consideró que el Fisco no puede revelar esos datos, salvo ante los casos de excepción previstos en la ley.