- viernes 21 de marzo del 2025
El Poder Ejecutivo deberá brindar explicaciones ante las denuncias por intimidaciones, traslados y designaciones ilegales de funcionarios judiciales.
Así lo decidió la Corte Interamericana en el caso de los magistrados Carlos Fernández Gadea y Bonifacio Ríos Avalos, removidos a través de un juicio político en el año 2003. Según expresó el tribunal, el juicio se basó exclusivamente en el cuestionamiento a sentencias emitidas como jueces del máximo tribunal de ese país.
La Federación Latinoamericana de Magistrados, presidida por el juez argentino Marcelo Gallo Tagle, exhortó a las autoridades de los Estados a que respeten la independencia del Poder Judicial y el principio de división de poderes.
Inconstitucionalidad, riesgos sistémicos y responsabilidades institucionales del Decreto 137/2025.
