Un breve análisis de Julio César Vélez* respecto a los distintos criterios judiciales a raíz del fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, que niega la procedencia del instituto en ese tipo de causas
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal solicitó una medida cautelar para poder concurrir a estudios y oficinas.
Así lo hizo, al anular las condenas por corrupción al ex presidente Luiz Inacio "Lulas" Da Silva, por incompetencia del Tribunal.
Un resumen de las decisiones judiciales, las medidas legislativas y los actos del Poder Ejecutivo más destacados en los últimos días
Tendrán asiento en las ciudades de Pehuajó, Concordia y San Fernando del Valle de Catamarca. Los respectivos jueces titulares de cada juzgado son: Héctor Andrés Heim, Analía Graciela Ramponi y Guillermo Andrés Díaz Martínez.
Se trata del planteo de un sindicato contra las modificaciones laborales y de un grupo de ex combatientes de Malvinas contra la derogación de la Ley de Tierras.
Se trata del proyecto impulsado por el oficialismo para impedir ser candidatos u ocupar cargos en la administración pública a personas condenadas por delitos de corrupción con sentencia confirmada en segunda instancia. El proyecto fue girado al Senado.
El tribunal revocó la decisión de Juzgado Federal de Santa Cruz y consideró que la inconstitucionalidad de las normas que impiden votar a personas condenadas debe ser resuelta en un “caso concreto, instado por petición del interesado o del Ministerio Público”. Además, remarcó que debe verificarse en cada caso que la posibilidad de votar ser “jurídica y fácticamente viable” y analizarse de acuerdo al tipo y la naturaleza del delito que motiva la inhabilitación.
Se tratan de las causas por amenazas durante una asamblea de Papel Prensa y otra por peculado con el llamado cotillón “anti Clarín”. La decisión también confirma la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos, una de ellas de carácter perpetuo.