Se trata de 26 de los 114 manifestantes que habían sido liberadas por la jueza Karina Andrade. El Gobierno les aplicó la “Restricción de Concurrencia Administrativa” a espectáculos deportivos por tiempo indeterminado.
Además de condenar a la Constructora y a la ART, responsabilizó al dueño de la obra por entender que se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones de seguridad y prevención, de manera solidaria con la empresa constructora