Así lo estableció a partir de una presentación del Colegio de Abogados de la Provincia en función del avance de las herramientas tecnológicas en el ámbito judicial.
Así lo dispuso la Suprema Corte de Justicia, ante la profundización de medidas de prevención ante el COVID-19.
Una reivindicación de los juicios orales a raíz del caso Fernando Báez Sosa.
Un pronunciamiento judicial invalidó el artículo 17 bis de la Ley de Amparo y tiene alto impacto en el trámite habitual de este tipo de procesos judiciales, como también, respecto a otros tribunales bonaerenses.