El caso se refiere a violaciones al debido proceso, la libertad personal y torturas sufridas por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, a quienes se les aplicaron las figuras del "arraigos" y la "prisión preventivas" para justificar el tiempo transcurrido privados de su libertad.
El tribunal instó al Estado mexicano a dejar sin efecto el instituto pre-procesal del "arraigos" y a adaptar la regulación de la prisión preventiva.