La medida fue iniciada por la Interventora del SPF, donde requiere al PJN que establezca reglas de actuación y un registro de procesos colectivos similar al establecido por la Corte Suprema para las causas no penales, con el objetivo de coordinar acciones que eviten la producción masiva de decisiones judiciales contradictorias y arbitrarias.
La decisión se basa en la necesidad de dar cumplimiento al fallo "López" de la Corte Interamericana, donde se condenó al Estado argentino por la realización de traslados sin control judicial previo y en violación a otros derechos convencionales.