- sábado 07 de diciembre del 2024
La acción fue presentada por la diputada nacional Victoria Donda contra la resolución dictada por el Ministerio de Seguridad que establece una nueva reglamentación para disparar.
Una decisión de la jueza Rita Ailán en la causa promovida por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.
Se trata de una acción promovida contra el Consejo de la Magistratura con el objetivo de que diseñe un programa de innovación tecnológica que optimice el servicio de justicia.
La decisión comprende a la Ciudad de Buenos Aires y diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Un criterio relevante en torno a la no discriminación y la protección de derechos.
Un breve análisis de una decisión de la Justicia Comercial en una causa contra la firma Despegar.
La medida fue iniciada por la Interventora del SPF, donde requiere al PJN que establezca reglas de actuación y un registro de procesos colectivos similar al establecido por la Corte Suprema para las causas no penales, con el objetivo de coordinar acciones que eviten la producción masiva de decisiones judiciales contradictorias y arbitrarias.
Se trata de una resolución de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Pese a la iniciativa de la Corte Suprema de otorgarle operatividad plena al artículo 43 de la Constitución Nacional, el Poder Legislativo no ha saneado el vacío normativo en materia de litigio colectivo.
La Justicia suspendió una norma del organismo que obliga a los letrados a informar al fisco.
Una decisión de la Justicia Contencioso Administrativo Federal.
Una decisión de la Justicia Contencioso Administrativo Federal.
Decisión de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en una causa iniciada por la Asociación Civil Inquilinos Agrupados contra el Estado Nacional.
Decisión emblemática de la Corte Suprema que anuló el aumento en las tarifas del servicio público de gas natural dispuesto sin haberse realizado previamente una audiencia pública que le diera la oportunidad a los usuarios de participar en la toma de decisión.
Una decisión de la jueza contencioso administrativo federal Rita Ailán.
Lo hizo en el marco de una causa del CEPIS con una sentencia en favor del federalismo y el acceso a la justicia de los ciudadanos.
Pese a la iniciativa de la Corte Suprema de otorgarle operatividad plena al artículo 43 de la Constitución Nacional, el Poder Legislativo no ha saneado el vacío normativo en materia de litigio colectivo.
La causa iniciada por más de 100 personas entre las que se destacan gremialistas y dirigentes políticos se encuentra radicada en la justicia contenciosa federal de la capital y ya fue admitida su tramitación.
El juez Enrique Alonso Regueira aceptó el pedido de la AFIP y le requirió al juez de Córdoba Bustos Fierro que le envíe la causa.
Así lo hizo la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal respecto de la asociación empresaria para litigar contra el decreto 690/2020.
El tribunal hizo lugar a una queja de la AFIP y consideró que la decisión que reconoció legitimación colectiva de la Sociedad Rural Argentina es apelable.
Una decisión emblemática de la Corte Suprema que anuló el aumento en las tarifas del servicio público de gas natural, dispuesto sin haberse realizado previamente una audiencia pública que le diera la oportunidad a los usuarios de participar en la toma de decisión.
Pese a la iniciativa de la Corte Suprema de otorgarle operatividad plena al artículo 43 de la Constitución Nacional, el Poder Legislativo no ha saneado el vacío normativo en materia de litigio colectivo.
La había presentado una cámara empresaria. El juez consideró que no está legitimada ni cuenta con los requisitos para tramitar como proceso colectivo.
Una decisión que ordenó al Estado Nacional proveer asistencia y medicamentos para personas con VIH.
Cientos de planteos tramitaron en enero y, algunos, tuvieron resolución. Un breve repaso para comenzar la actividad bien informado.
Los fueros federales Civil y Comercial de Capital y el de San Martin no coincidieron en quién deberá continuar con la causa. Ante la ausencia de reglas específicas para resolver el asunto, la cuestión queda a cargo del máximo tribunal.
Se ordenó dejar sin efecto los incrementos efectuados a raíz del DNU 70/23. Asimismo, la medida beneficia tanto al demandante como a los "futuros adherentes" de todo el país que estén en las mismas circunstancias y sufran aumentos similares.
En virtud del fuerte incremento en el valor de las cuotas, se dispuso que las recalculen de acuerdo a la inflación. La decisión abarca a varias empresas.
El pedido fue realizado por la Asociación Bancaria (Seccional Resistencia) que promovió un amparo colectivo y el pedido de suspensión de aplicación del Titulo V de la Ley 27.743.
Una decisión de la Cámara Federal de San Martín en torno al caso "Brauchli" que había sido la primera causa inscripta.
La decisión se basa en que ambos planteos buscan tutelar el derecho a la salud y coinciden en su finalidad.
El juez federal Juan Rafael Stinco decretó una medida cautelar que así lo dispone. Además, lo pagado en exceso será crédito a favor de los usuarios e intimó a las empresas a determinar un plan para esas devoluciones dinerarias.
La acción fue iniciada por asociaciones de pacientes y busca que se normalice el funcionamiento de la Dirección de Asistencia Directa para Supuestos Especiales (DADSE).
El juez Seró consideró que la empresa ya acordó la devolución de sumas en exceso del Índice de Precios al Consumidor en la causa de la Justicia Civil y Comercial Federal de la Capital.
La pretensión exige que el Poder Ejecutivo de "certezas sobre cómo se cumplirán las obligaciones legales para prevenir la violencia contra las mujeres".
La decisión subrayó que se trata de planes existentes, que protege a sectores vulnerables y que no implica la determinación de una política por parte del Poder Judicial.
La decisión consideró que las diversas formas de empleo y contratación hacen imposible decidir en un solo juicio por todas las situaciones.
El Ministerio de Capital Humano tendrá 48 horas para cumplir con una orden cautelar decretada días atrás.
El máximo tribunal invocó el criterio fallado en 2021 con base en el federalismo y el acceso a la justicia de los ciudadanos.
La acción busca tutelar el principio de progresividad ante la paralización de obras destinadas a sectores vulnerables.
Así lo decidió el juez federal Guido Otranto en el marco de una demanda presentada por un grupo de vecinos usuarios de la provincia de Chubut. También, solicitaron una medida cautelar para que se garanticen las prestaciones postales básicas.
Se trata de un asunto de relevancia institucional donde se ha convocado la participación de expertos para enriquecer la deliberación.
La decisión subrayó que se trata de planes existentes, que protege a sectores vulnerables y que no implica la determinación de una política por parte del Poder Judicial.
El Máximo Tribunal argumentó que "razones de economía procesal" determinan la conveniencia de que la definición sobre la legitimación se esclarezca al inicio del litigio.
