La jueza María Alejandra Biotti rechazó la acción de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña contra el Consejo de la Magistratura.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña habían pedido que el Senado se abstenga de darle tratamiento a sus pliegos.
Un análisis constitucional sobre los traslados de magistrados, las acordadas de la Corte Suprema de Justicia y las resoluciones del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Así lo decidió la jueza federal Macarena Marra Giménez. En la sentencia retomó los argumentos del fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia en la causa de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El magistrado se desempeñaba en la Sala II, cargo para el que concursó y contó con acuerdo del Senado. Sin embargo, en el 2018 pidió ser trasladado a otro tribunal y actualmente presta funciones en el TOCF N°2 de San Martín.
El presidente Alberto Fernández firmó el decreto que dispone su reintegro a la Sala II. El magistrado había concursado para ese cargo y contó con acuerdo del Senado, pero en el 2018 solicitó su traslado a otro tribunal.
Así lo decidió la Sala I de la Cámara Federal porteña. Un agente de la Procuración General de la Nación denunció que las autoridades del organismo previsional incurrieron en delitos de acción pública por negarle el beneficio jubilatorio en el marco de la Ley 24.018 (Régimen del Poder Judicial de la Nación).
Así lo decidió en el marco de una causa en la que se solicitaba que se declare la invalidez de diversas cláusulas de la Constitución de la provincia de Tucumán, incorporadas en la reforma del año 2006. Intervino como conjuez Pablo Bertuzzi. Accedé a la sentencia.