Padres y madres de estudiantes reclamaban la inconstitucionalidad de las medidas que implementan centros de estudiantes y suplantan el uso de armas de fuego por simuladores. El juez las consideró razonables.
El Poder Ejecutivo amplió el secreto para la adquisición, fabricación, construcción de obras de infraestructura y la importación de material relacionado con la incorporación del sistema de armas, así como lo relativo a sus negociaciones y trámites en materia de defensa.