- miércoles 29 de octubre del 2025
Expresaron que la norma amenaza derechos políticos al convertir el derecho democrático a la protesta como delito.
Los magistrados entendieron que no existía una amenaza concreta a la libertad de circulación y confirmaron la sentencia que entendió que el aislamiento dispuesto por el Coronavirus era legítimo y razonable.
A 8 años de la primera marcha en la que se le reclamó al Estado medidas para frenar los femicidios, una compilación del marco normativo vigente.
A 8 años de la primera marcha en la que se le reclamó al Estado medidas para frenar los femicidios, una compilación del marco normativo vigente.
Luego de la segunda marcha federal universitaria, el Presidente Javier Milei decidió observar en su totalidad el proyecto destinado a garantizar el pleno funcionamiento de las Universidades Nacionales.
El juez exhortó a las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales que se abstengan de expedir órdenes que impliquen una limitación arbitraria al derecho constitucional a la protesta social pacífica de las personas que se encuentren en la provincia de Buenos Aires y se dirijan a la marcha.
Se trata de la manifestación realizada en el día de ayer en la Plaza Congreso, donde se habían autoconvocado hinchas de distintas instituciones de fútbol y organizaciones sociales. La jueza consideró que se encontraba en juego el derecho a la protesta y que las fuerzas de seguridad no aclararon las circunstancias ni los motivos de las detenciones.
Se trata de 26 de los 114 manifestantes que habían sido liberadas por la jueza Karina Andrade. El Gobierno les aplicó la “Restricción de Concurrencia Administrativa” a espectáculos deportivos por tiempo indeterminado.
Lo decidió el Juez Martín Cormick, en el marco de la causa que busca declarar la inconstitucionalidad del protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad. El magistrado consideró que el accionar de las fuerzas de seguridad “no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional”.
Se lo condenó a la pena de un año y cinco meses de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de daño agravado por impedir el libre ejercicio policial.
