Los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens consideraron que las actividades llevadas a cabo por la AFI se encontraban justificadas por tener como "único objetivo la seguridad presidencial y/o la seguridad interiors".
Así lo decidió la Sala I de la Cámara Federal porteña. Un agente de la Procuración General de la Nación denunció que las autoridades del organismo previsional incurrieron en delitos de acción pública por negarle el beneficio jubilatorio en el marco de la Ley 24.018 (Régimen del Poder Judicial de la Nación).
Los jueces Llorens y Bertuzzi consideraron que no se pudo comprobar que existieran tareas de inteligencia ilegal. Se trata de la causa iniciada a partir del video de una reunión donde se planeaban estrategias para impulsar investigaciones judiciales contra sindicalistas.
Se trata de la causa donde se la acusa de incitación a la discriminación por publicaciones en la red social X donde comparaba el Estado de Israel con el régimen nazi. También se confirmó la traba del embargo por 10 millones de pesos.