Es a partir del rechazo en su tratamiento por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal en virtud de que se consideraba incompetente territorialmente.
El planteo de la inhibitoria por parte del Ministerio de Salud de la Nación surge a raíz de la causa iniciada en la provincia de Salta donde se cuestiona la constitucionalidad de la Ley 27.610.
La Procuración de Tesoro solicitó la remisión de la las causas porteñas que ordenaron el regreso de clases presenciales.
Una decisión de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
El juez Enrique Alonso Regueira aceptó el pedido de la AFIP y le requirió al juez de Córdoba Bustos Fierro que le envíe la causa.
Una decisión de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.