Se trata de una guía de amplio alcance que contiene previsiones destinadas a los operadores judiciales, vinculadas a la tutela judicial continua y efectiva de este grupo vulnerable.
Lo hizo el Ministerio de Salud buscando optimizar recursos y agilizar los trámites asegurando la cobertura equitativa de los servicios de salud y reducir los conflictos derivados de la judicialización.