La decisión obliga al Poder Ejecutivo a establecer un registro web de todos los árboles de la Ciudad e impide continuar con la poda y tala de árboles hasta que sea implementado efectivamente.
Así lo decidió la jueza federal María Alejandra Biotti en el marco de una acción promovida por la Asociación por los Derechos de los Usuarios de Salud (ADUS).
Se trata del derrumbe de viviendas por error efectuado por una empresa contratada por el Gobierno de la Ciudad. La cautelar da un plazo de hasta 10 días para el inicio de obras.